El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se enfrenta a un creciente clima de presión política y social tras la declaración y posterior revocación de la ley marcial el pasado martes. La Policía de Corea del Sur ha iniciado una investigación por posibles actos de traición, mientras que la oposición se prepara para una votación de destitución del mandatario, programada para este sábado.
Yoon justificó su medida como una respuesta a lo que considera actos «antiestatales» por parte de la oposición, lo que ha provocado tensiones políticas, protestas ciudadanas y una huelga general indefinida convocada por sindicatos. El despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, ordenado bajo la ley marcial, desató controversias y llevó a la renuncia del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, considerado una figura clave en la ejecución de estas acciones.
La investigación, liderada por la Oficina Nacional de Investigación, surge a raíz de denuncias presentadas por un partido opositor y un grupo de activistas, que acusan a Yoon y a otros altos funcionarios de traición y abuso de poder. Entre los mencionados se encuentran Kim Yong-hyun, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su, y el ministro del Interior, Lee Sang-min.
Por su parte, el Partido Democrático, la principal fuerza de oposición, busca obtener los dos tercios necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar la moción de destitución. A pesar de contar con mayoría parlamentaria, la oposición necesitará apoyo adicional de algunos legisladores del gobernante Partido del Poder Popular, que han criticado la medida, tildándola de «inconstitucional».
Si la moción de destitución logra ser aprobada, Yoon quedará inhabilitado, y el primer ministro Han Duck-soo asumirá interinamente la jefatura de Estado, mientras el Tribunal Constitucional evalúa si la declaración de la ley marcial vulneró la Constitución, un proceso que podría extenderse hasta 180 días.
Con Información de hoysantiago.cl