La nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, ha tomado una decisión significativa en su gestión relacionada con la protección de los empleados públicos a contrata (que tienen un plazo fijo de un año). En un dictamen controvertido, ha establecido que la cuestión de la confianza legítima debe ser resuelta por los tribunales de justicia y no por la Contraloría.
Durante el mandato del ex contralor Jorge Bermúdez, se reforzó este derecho adquirido. Esto implicaba que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, tenía la legítima confianza de que su contrato sería renovado nuevamente y solamente podía ser desvinculado a través de un sistema de calificaciones o un proceso administrativo.
Sin embargo, la contralora Pérez ha emitido un dictamen que establece que, a partir de ahora, la Contraloría no se pronunciará sobre los reclamos relacionados con la vulneración del principio de confianza legítima por parte de empleados públicos a contrata que pierden su trabajo.
Según los argumentos expuestos por la contralora, esta materia ha sido judicializada, y al resolver los recursos de protección interpuestos por los empleados públicos desvinculados, la Corte Suprema modificó el criterio de Bermúdez, ampliando el plazo de dos a cinco años para el ejercicio de la confianza legítima.
En otras palabras, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, el principio de confianza legítima entra en vigencia después de cinco años para los empleados públicos a contrata. Por lo tanto, si se les desvincula antes de ese plazo, no se considera que haya habido un acto ilegal o arbitrario.
Específicamente, debido a esta interpretación de los tribunales, el dictamen establece que esta situación «impide que este ente fiscalizador emita pronunciamientos en aquellos casos que involucran asuntos litigiosos; por lo tanto, deberá abstenerse de resolver sobre esta materia en el futuro».
Por lo tanto, con la decisión de Pérez, estos trabajadores ya no podrán presentar reclamos ante la Contraloría sobre la confianza legítima y deberán acudir a las respectivas cortes de apelaciones mediante un recurso de protección.
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