- Los antecedentes indican que el organismo de control ha señalado la posibilidad de un «detrimento eventual» al patrimonio público municipal. La administración local, encabezada por el alcalde Sebastián Álvarez, tiene un plazo de ocho días para dar respuesta a esta requerimiento.
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El tema fue complejo las últimas 24 horas, a partir de la tarde del jueves, en el interior de la municipalidad. Este involucró un preinforme de la Contraloría que ofrecía información sobre las posibles irregularidades y los denominados “sobresueldos” de tres asesores cercanos al alcalde Sebastián Álvarez. En este contexto, se han identificado aspectos considerados «preocupantes» por expertos en administración pública municipal.
Por lo tanto, este medio ha confirmado que el preinforme sugiere una posible «deterioración del patrimonio público» debido a un aumento de honorarios «sin justificación». La denuncia anónima presentada a la Contraloría se centraba, entre otros puntos, en las remuneraciones y funciones de tres de los asesores más próximos al alcalde. Entre ellos se encuentran el asesor contable, Iván Soriano, con un salario de $4,5 millones mensuales, y el periodista Jéfferson Adaro, que percibe $4 millones mensuales. También está incluido el asesor de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) con un sueldo de $3,5 millones. Se alegaba que los primeros desempeñaban funciones de jefaturas sin la debida habilitación administrativa, y que el último solo tenía educación secundaria completa.
Con respecto a esto, los antecedentes en poder de LVP indican que la Contraloría, en principio, ha establecido que las remuneraciones de estos tres funcionarios no corresponden a los grados que deberían tener. Para Soriano y Adaro, se estima un grado 8 profesional (alrededor de $2 millones) y para Backit un grado 11 administrativo ($1,7 millones). En relación a los bonos otorgados en mayo, la Contraloría también considera que no son adecuados.
En base a esto, se ha sabido que la municipalidad ha decidido abrir un sumario administrativo para identificar a los posibles responsables. Esto incluye averiguar quiénes fueron los responsables de diseñar esta estructura de remuneraciones y quiénes la validaron. Es importante notar que todos los cargos y sus sueldos fueron aprobados por el concejo municipal, lo cual también deberá ser analizado.
Por ahora, la municipalidad tiene un plazo de ocho días para responder al preinforme. Una vez transcurrido este tiempo, la Contraloría deberá emitir un informe final con decisiones y posibles acciones administrativas. Este informe final se presentará al concejo para su revisión y determinación de acciones a seguir.
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Con Información de www.lavozdepucon.cl
