Una auditoría puso en evidencia que Carabineros no incautó vehículos robados ni detuvo a prófugos detectados en fiscalizaciones. La Contraloría ha iniciado un sumario e informado al Ministerio Público.
Un informe de la Contraloría General de la República cuestionó la efectividad de los controles vehiculares realizados por Carabineros en la Región Metropolitana. Entre enero de 2023 y junio de 2024, la policía no logró incautar 626 vehículos reportados como robados ni detuvo a 144 individuos con órdenes judiciales válidas. Aunque realizaron controles en carretera, las incautaciones no se llevaron a cabo.
El análisis, dirigido por Dorothy Pérez, resaltó que Carabineros no implementa de forma consistente los protocolos pertinentes para estos operativos. Además, se observaron deficiencias en el uso de sistemas informáticos durante las fiscalizaciones.
La revisión se centró en la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, donde se identificaron 869 infracciones que justificaban el retiro de vehículos, aunque esta acción no se llevó a cabo. Los casos incluían autos sin patente, sin SOAP, sin revisión técnica y con placas ocultas.
Una deficiencia notable fue la falta de consultas a las patentes en el Sistema Unificado de Encargo de Vehículos en 145.715 controles, lo que omite un paso fundamental en la detección de vehículos robados.
Además, la Contraloría reveló una falla a nivel nacional: Carabineros carece de dispositivos para medir la transmisión luminosa de vidrios, lo que obstaculiza la verificación de los vidrios polarizados, cada vez más frecuentes en vehículos particulares.
Ante estos hallazgos, se decidió abrir un sumario administrativo y remitir los antecedentes al Ministerio Público, que evaluará la posibilidad de iniciar una investigación penal.
Descargos y responsabilidades
En respuesta a las críticas, Carabineros argumentó que no se pudieron retirar ciertos vehículos infractores debido a que el aparcadero municipal de Melipilla está colapsado desde 2024. Según su defensa, esta situación ha impedido actuar de acuerdo a la normativa vigente.
En este contexto, la Contraloría instó a la Municipalidad de Melipilla a implementar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de la legislación relacionada con los aparcaderos municipales.
“Se identificó una falta de procedimientos y normativas, como la estandarización en el uso de los sistemas de control vehicular”, señala el informe.
Este informe refuerza las críticas hacia la labor de fiscalización de la policía uniformada, especialmente en un contexto donde los controles vehiculares son considerados una herramienta esencial para la prevención del delito.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
