La Contraloría ha señalado serias deficiencias en diversas entidades reguladoras de Chile, afectando directamente el combate al tráfico y comercio ilegal de especies vegetales y animales.
En un informe contundente, la Contraloría General de la República (CGR) identificó múltiples fallas en el control, registro y manejo de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La auditoría, que incluyó a servicios como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Aduanas, evidenció irregularidades que ponen en riesgo el cumplimiento de la Ley N° 20.962 y la protección de la biodiversidad en el país.
Permisos sin base científica ni trazabilidad en Chile
De acuerdo con la auditoría, el SAG otorgó permisos de exportación y certificados de reexportación de especies CITES sin contar con respaldos científicos ni comprobantes que aseguraran que las operaciones no ponían en peligro a las especies. Además, no siempre se verificó la legalidad de la adquisición de los especímenes, lo que contraviene los estándares internacionales.
La CGR también hizo hincapié en la falta de un registro actualizado de incautaciones, lo que dificulta rastrear y seguir el paradero de los ejemplares decomisados, exponiendo dichos recursos a un manejo inadecuado.
El informe también critica al Servicio Nacional de Aduanas por no informar al Ministerio Público sobre ciertos casos de especies protegidas, justificando que los involucrados no habrían actuado de mala fe. La Contraloría subrayó que esta decisión corresponde solo a los tribunales y que la obligación de denuncia es imperativa.
Por otro lado, se observó a SERNAPESCA entregando ejemplares incautados, como caballitos de mar y corales, a municipios y entidades educativas sin la autorización correspondiente del SAG, lo que infringe la normativa vigente.
Ante estas irregularidades, la Contraloría instó a los servicios implicados a iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas. También, envió los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales o administrativas.
“El cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile en conservación de flora y fauna requiere controles rigurosos, registros confiables y coordinación efectiva entre las instituciones competentes”, afirmaron en un documento emitido por el ente fiscalizador.
Compromisos en peligro
La CGR advirtió que estas deficiencias debilitan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones bajo la Convención CITES, poniendo en riesgo la protección de especies amenazadas, muchas de las cuales son endémicas del país.
El organismo enfatizó que la preservación de la biodiversidad no depende únicamente de la firma de acuerdos internacionales, sino de su implementación efectiva a través de procedimientos transparentes y supervisión continua.
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Con Información de elcontraste.cl
