La Contraloría General de la República llevó a cabo auditorías en 10 de los 29 servicios de salud responsables de recibir, almacenar y destruir drogas incautadas, poniendo de manifiesto graves problemas estructurales en los procesos de recepción y destrucción de sustancias ilegales. Los servicios regionales no cuentan con bodegas adecuadas, lo que obliga a almacenar las drogas en oficinas, estantes y pasillos, sin las herramientas necesarias para su correcta destrucción.
Los informes preliminares de 2023 y 2024 indican que la droga decomisada puede permanecer hasta 288 días sin un resguardo adecuado, superando el plazo máximo de 24 horas establecido por la Ley 20.000.
Por ejemplo, en uno de los servicios se observaron 2.574 muestras decomisadas entre 2020 y 2023 que no habían sido analizadas químicamente.
El 23 de febrero de 2024, un robo en una Unidad de Decomiso resultó en la sustracción de 957 muestras de cannabis sin analizar. Además, se identificaron deficiencias en la seguridad de las instalaciones, como la ausencia de cámaras, muros y puertas blindadas, y problemas con extractores de aire que comprometen tanto la conservación de las muestras como la salud del personal.
La norma técnica general no. 7 del Ministerio de Salud estipula que la Unidad de Decomiso solo recibe evidencias de lunes a viernes, lo que impide a las policías y a Gendarmería cumplir con el artículo 41 de la Ley 20.000 sobre la entrega de decomisos en un plazo de 24 horas. Un servicio demoró hasta 384 días en notificar a las Fiscalías sobre la eliminación de sustancias ilícitas, contraviniendo la ley.
El informe también puso de relieve la falta de probidad y eficiencia de ciertos funcionarios policiales y de Gendarmería, quienes entregaron drogas incautadas sin elaborar de inmediato las actas de recepción, lo que conduce a procesos poco transparentes y a posibles pérdidas o robos.
En un establecimiento, se registraron 422 demoras en la destrucción de drogas, con un retraso de hasta 45 días hábiles en la incineración de 11.982.332 gramos de sustancias. La contralora general (s), Dorothy Pérez, junto con la contralora regional (s) de Los Ríos y el jefe de Gabinete de la CGR, realizaron una visita de inspección en abril de este año para evaluar el procedimiento de quema de drogas incautadas.
Finalmente, se verificó la recepción, custodia, pesaje y eliminación de las drogas incautadas por la PDI, Carabineros y Gendarmería, comprobando el cumplimiento de la Ley 20.000, que penaliza el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
(Imagen: El Mostrador)
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