Tras los incendios ocurridos en febrero de 2024, especialmente en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, la Contraloría General de la República llevó a cabo un análisis de la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023 – 2024”, identificando múltiples falencias en la gestión del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Una de las principales deficiencias radica en que la estrategia “no incluyó un levantamiento previo de información necesario para definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes, tanto a nivel nacional como regional, lo cual es esencial para cumplir con las tareas asignadas”, según informa La Tercera.
Esto era crucial para anticipar factores que pudieran comprometer su implementación y ejecución, así como para alcanzar los resultados esperados, explicó el organismo contralor.
Además, se consultó a varios municipios sobre la existencia de planes de emergencia ante incendios forestales, descubriendo nuevamente situaciones preocupantes.
Al indagar sobre el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD), “se estableció que hasta el 12 de julio de 2024, 6.913 municipalidades contaban con dicho plan, 141 estaban en proceso de elaboración, 7 no lo habían confeccionado y 126 no respondieron a la solicitud de información”.
Al mismo tiempo, 243 municipios disponían de un Plan Comunal de Emergencia (PCE) aprobado, 59 estaban en proceso de creación, 2 no contaban con uno y otras 49 entidades no respondieron al requerimiento.
Ante esta situación, la Contraloría recomendó a Senapred realizar mejoras significativas en futuras estrategias, que incluyan una definición clara de atribuciones, la creación de indicadores de cumplimiento y una coordinación efectiva con las entidades responsables.
La entidad fiscalizadora advirtió que la falta de medidas oportunas podría poner en riesgo la capacidad del país para enfrentar incendios forestales de gran envergadura, lo que tendría consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas.
Se identificaron nudos críticos en las 13 regiones que forman parte de la estrategia, relacionados, entre otros factores, con la escasez de recursos humanos, financieros y las capacidades de las organizaciones involucradas para llevar a cabo los productos encomendados, siendo el propio Senapred una de las entidades que, por limitaciones técnicas y de recursos, no pudo cumplir con ciertos compromisos.
Por ejemplo, el protocolo que establece acciones conjuntas antes y durante los incendios, que debe incluir priorización territorial, criterios de actuación y definición de responsabilidades institucionales, además de planes institucionales de continuidad operativa.
Entre las principales deficiencias observadas, se destaca la ausencia de especificaciones e indicadores para evaluar el progreso de los productos comprometidos en la estrategia, así como la falta de una verificación adecuada de tareas clave, como la elaboración de cartografía de infraestructura crítica o la realización de patrullajes preventivos tanto aéreos como terrestres en áreas de alto riesgo.
“No se definieron actividades, parámetros, modalidades de entrega y/o etapas de retroalimentación necesarias para su ejecución, entre otros aspectos que hubieran permitido a este servicio advertir sobre la calidad e integridad de los entregables”, señala el informe.
El documento también menciona que “se evidenciaron deficiencias en la certificación de productos que, aunque debían ser ejecutados por otras instituciones, son de responsabilidad del Senapred”.
Algunas entidades involucradas, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos de Chile, no cumplieron con algunos productos comprometidos, como planes operativos para brigadas de Bomberos, patrullajes aéreos y planes operativos para brigadas de combate nocturnas.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
