La Contraloría General de la República ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en el sector público.
A través de un comunicado firmado por Dorothy Pérez, se ha solicitado a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas que, en un plazo de 10 días hábiles, entreguen un informe detallado sobre las medidas de control interno implementadas ante hechos que están bajo investigación judicial.
El documento menciona diversas situaciones que han afectado a distintas entidades gubernamentales, las cuales fueron detectadas gracias a denuncias y pesquisas internas. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes, y otro utilizó una vivienda fiscal para almacenar armas y dar refugio a una banda delictual.
En Chillán, un empleado público fue arrestado por PDI al ser sorprendido traficando drogas destinadas a su incineración. En la región de Tarapacá, 13 funcionarios fueron destituidos por corrupción, cobrando a ciudadanos para evitar los controles legales correspondientes.
Casos similares se han presentado en otras localidades. En Santiago, un funcionario fue arrestado por cohecho, asociación ilícita y ejercicio ilegal de funciones, mientras que otro fue condenado por negociación incompatible y cohecho tras recibir pagos para adjudicar obras municipales de forma directa.
La lista que presenta la Contraloría es amplia: Nueve funcionarios fueron detenidos en la capital por soborno, cohecho y falsificación de documentos públicos, lucrando con la incautación y retiro de vehículos. Tres funcionarios fueron capturados en Puerto Aysén al retirar una encomienda con drogas. Cinco miembros de la Fuerza Aérea fueron sorprendidos transportando drogas en aeronaves institucionales de Iquique a Santiago. Seis funcionarios del Ejército fueron detenidos por proteger a una banda de narcotráfico. Un funcionario también fue denunciado por PDI por ingresar drogas desde Perú a través de un paso fronterizo.
Frente a esta serie de incidentes, la Contraloría exige que cada institución describa sus controles preventivos, detectivos y correctivos, detallando fechas de ocurrencia, número de involucrados, procesos sumarios y sanciones impuestas. Expertos en fiscalización de organismos estatales aclararon a Radio Bío Bío que “no se busca perseguir a los funcionarios públicos”, sino evidenciar cómo opera el control administrativo ante irregularidades que han sido detectadas e investigadas.
El concepto “Alguien te mira”, en referencia a la teleserie de TVN del 2007, es una manera en que algunos describen las decisiones tomadas por la Contraloría General de la República.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
