Por Cristian Álvarez
Este miércoles, en un evento con la presencia de las principales autoridades del país, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, presentó la Cuenta Pública Institucional 2025. Durante su intervención, enfatizó la necesidad de avanzar hacia un “Sistema Nacional de Control” con el objetivo de prevenir problemas o irregularidades en la gestión de los recursos estatales. Su gestión se caracterizó por más de 2,000 fiscalizaciones y aprehensiones, a partir del 34% de los fondos estatales revisados, así como otras investigaciones. El Ministro de Justicia también se mostró receptivo a atender los reclamos sobre recortes de recursos.
Se trata de una institución fundamental para garantizar la transparencia y probidad del Estado, a menudo sobrecargada, pero que cumple su función de supervisar el uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. En el marco de su Cuenta Pública 2025, la Contralora Dorothy Pérez hizo un llamado a reforzar los sistemas de control en el Estado para evitar repetir problemas de años anteriores.
El evento tuvo lugar esta mañana en el auditorio del edificio institucional, ubicado en el Barrio Cívico de Santiago, y contó con la participación de los principales líderes del país. Durante su discurso, la Contralora destacó aspectos clave de su gestión en el último año, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar formalmente este cargo en casi 100 años de historia de la institución. Mencionó que se realizaron 2,333 fiscalizaciones, de las cuales 1,531 fueron a raíz de denuncias. También llevaron a cabo 224,789 actividades de control, revisando más de 137,716 declaraciones de patrimonio e intereses, y auditando más de 11,000 millones de pesos de fondos públicos, identificando que el 34% de esos recursos presentaron objeciones en su uso. Además, hizo referencia a diversas investigaciones sobre listas de espera hospitalarias y el manejo de drogas incautadas, señalando conclusiones y objeciones en los resultados: “Es fundamental avanzar de manera significativa en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. No solo en la Contraloría, sino en toda la administración pública. Debemos incorporar tecnología avanzada y fomentar la cooperación interinstitucional para llevar a cabo estas tareas. Es imperativo gestionar mejor la confianza pública y, con ello, fortalecer el sistema nacional de control, que aún es muy débil”, afirmó la Contralora al finalizar su presentación, que duró cerca de 30 minutos.
Entre los presentes y aquellos que tuvieron la oportunidad de hablar, varios ministros comentaron sobre la cuenta y sus resultados. El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó la importancia de este órgano fiscalizador para el Estado, prometiendo abordar las solicitudes de recursos para evitar recortes que afecten su trabajo: “La Contraloría General de la República desempeña un papel fundamental en nuestra institucionalidad y en el buen funcionamiento del Estado de Derecho y el uso de los recursos públicos. Tomamos en cuenta lo que la contralora nos ha señalado y revisaremos todos los mecanismos necesarios para fortalecer esta institución tan importante”. Por su parte, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó que la Contraloría ha sido vital en la identificación y corrección de problemas en la gestión estatal, incluso dentro de su ministerio: “La cuenta fue muy sólida, completa y abarcadora, lo que demuestra que el Estado necesita organismos capacitados para el control. La Contraloría ha establecido ejemplos a seguir y ha asumido roles importantes. Es relevante que se haya incluido el tema municipal, que estuvo ausente por años, y que se examinen continuamente los procesos normativos, cuestionando si se aplican correctamente. Nos critican constantemente y estamos en un proceso de corrección permanente”, apuntó el ex senador.
Entre los desafíos para el año 2025 se encuentra precisamente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, asegurando un uso más responsable de los recursos públicos. Asimismo, el órgano contralor autorizó interpretaciones acerca de la facultad de los delegados presidenciales para ordenar el desalojo de inmuebles fiscales ocupados.
Con Información de radioportales.cl
