El Congreso aprobó una ley que aumenta las penas por robo de cables y falsificación aduanera, incluyendo agravantes si afectan servicios esenciales.
Con 116 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que agrava las sanciones por robo, hurto y receptación de cables, en especial los destinados a telecomunicaciones y servicios básicos. Esta norma también refuerza la lucha contra el fraude en exportaciones y la falsificación aduanera.
La iniciativa, originada en el Senado, debió pasar por una comisión mixta por las modificaciones en la Cámara Baja. Uno de los cambios significativos es la sustitución del término “telefonía” por “telecomunicaciones” en el Código Penal, adaptando la legislación a la realidad tecnológica actual.
Un cambio importante es la inclusión de agravantes si los delitos ocasionan interrupciones en servicios públicos o domiciliarios, como agua, luz, gas, alcantarillado o internet. También se considera agravante si el autor se hace pasar por un trabajador de una empresa de servicios o utiliza información privilegiada adquirida como empleado.
Además, se implementaron reformas a la Ordenanza de Aduanas. A partir de ahora, se castigará con mayor severidad a quienes declaren falsamente el origen de productos o adulteren certificaciones en exportaciones. Los funcionarios públicos que participen en estos delitos enfrentarán penas equivalentes a las de los autores materiales, si actúan en el ejercicio de sus funciones.
Mayor penalización para los más afectados
La nueva legislación también establece que si el robo de cables afecta a una cantidad significativa de usuarios en una localidad, la pena podrá incrementarse a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de entre 5 años y un día a 10 años. Además, se modificó el artículo 485 del Código Penal, estableciendo sanciones adicionales cuando los daños superen las 40 UTM.
“Este proyecto busca proteger a la ciudadanía de delitos que afectan su calidad de vida y comprometen la seguridad pública”, comentaron desde el Congreso.
Incremento de delitos
En el primer semestre de 2025, Chile experimentó un alarmante aumento en los robos de cable eléctrico, con 705 incidencias en redes de distribución y transmisión operadas por la empresa CGE. Esta cifra representa casi cuatro veces más que en el mismo período de 2024, cuando solo se registraron 190 eventos.
Se robaron en total 209.112 metros de cable de cobre —equivalentes a 209 kilómetros—, lo que equivale a la distancia entre Santiago y la comuna de Molina, en la Región del Maule. Como consecuencia, más de 440 mil clientes se quedaron sin suministro eléctrico en varias áreas del país.
Las regiones más afectadas son Coquimbo, con 59.198 metros robados, seguida por Biobío (27.223 m), Maule (22.317 m), Antofagasta (22.127 m), Tarapacá (21.185 m) y la Región Metropolitana (20.420 m).
El endurecimiento de penas busca enfrentar un fenómeno delictual creciente que ha dejado a miles sin acceso a servicios básicos. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá del control territorial, la fiscalización y la capacidad del Estado para investigar estos delitos con efectiva rapidez.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
