El Fiscal Jefe de Alta Complejidad O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, reveló las sentencias impuestas en una investigación relacionada con delitos de corrupción. Un funcionario público, condenado a cinco años de cárcel, emitió falsos certificados de estudios mientras trabajaba en la Seremi de Educación, en colaboración con otros individuos que actuaban como intermediarios. Según la fiscalía, se emitieron más de 200 certificados falsos.
La investigación realizada por la Fiscalía de Alta Complejidad, en conjunto con la Policía de Investigaciones, confirmó de manera contundente la implicación del funcionario, quien, junto a los intermediarios, se dedicaba a captar personas interesadas en conseguir certificados de educación de forma fraudulenta para acreditar falsamente su enseñanza básica. Este funcionario, aprovechando su posición, emitía estos certificados falsos, permitiendo a quienes los adquirían acceder a empleos, licencias de conducir y residencias, entre otros beneficios.
Se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el que los dos intermediarios fueron condenados a cuatro años de cárcel (presidio menor en su grado máximo) y a pagar multas por cerca de 8 millones de pesos. Por su parte, el funcionario público recibió una sentencia de cinco años y un día de prisión efectiva, además de una multa aproximada de 8 millones de pesos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y funciones públicas.
El Fiscal destacó que esta condena es significativa, ya que aborda de manera firme los delitos de corrupción tanto en el sector público como privado, poniendo un especial énfasis en el comportamiento de los funcionarios que afectan a la sociedad.
LOS HECHOS
En abril, durante una investigación llevada a cabo por detectives del Equipo de Investigación de Alta Complejidad O’Higgins, en colaboración con la Fiscalía, un ex funcionario de la Seremi de Educación O’Higgins fue detenido por haber emitido más de 130 certificados de educación ideológicamente falsos, casi todos entregados a cambio de dinero a ciudadanos extranjeros que los necesitaban para trámites como la obtención de una licencia de conducir. En aquella ocasión, el Juzgado de Garantía de Rancagua dictó prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones.
No obstante, el trabajo conjunto del Ministerio Público y la PDI produjo nuevos resultados; la policía civil arrestó a dos personas más implicadas en el caso, una pareja que actuaba como intermediaria entre quienes necesitaban los certificados y el ex funcionario de la Seremi de Educación.
De acuerdo con el ente persecutor, los intermediarios realizaron pagos cercanos a 4 millones de pesos al funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, también condenado en esta investigación, para la emisión de certificados de estudios falsos destinados a ciudadanos extranjeros. Como resultado, la Fiscalía alegó que se generaron 211 documentos falsos.
Así, se contabilizan 211 conductas delictivas y casos de cohecho hacia un funcionario público, donde los ahora condenados contactaron al funcionario para proponerle el negocio ilícito de emitir certificados falsos a cambio de compensación monetaria. La mayoría de esos certificados beneficiaron a ciudadanos chinos que buscaban obtener licencias de conducir, erosionando el sistema público.
Con Información de www.elrancaguino.cl
