En menos de dos semanas, el concejal Jorge Alfaro Acevedo logró que se le entregara una casa prefabricada por parte del Estado, tras un incendio que consumió su hogar. Esta situación ha generado críticas entre los vecinos y dirigentes, y ya está en manos del Ministerio Público.
En apenas dos semanas, la Delegación Presidencial de Talagante gestionó la entrega gratuita de una casa prefabricada de 60 metros cuadrados, completamente equipada y valorada en más de $7 millones.
La compra la realizó el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred) mediante la orden de compra Nº 1078078-1397, fechada el 28 de julio de 2025, por un total de $7.357.852.
Dato clave: La ayuda que normalmente se entrega a damnificados en la comuna es considerablemente menor y puede demorar hasta seis meses.
¿Trato preferente?
La rapidez y el elevado valor del beneficio han despertado dudas en la comunidad y entre los actores políticos.
“Esto no pasa con cualquier vecino. En Isla de Maipo, hay familias esperando ayuda desde hace meses tras perderlo todo, y no han recibido nada similar”, comentó un dirigente comunitario que pidió reserva de identidad.
Se dice que el concejal Alfaro no estaría en una situación de vulnerabilidad extrema. Además de su sueldo como edil —que supera el $1 millón mensual—, también tiene ingresos como contador y de su participación en sociedades familiares de asesoría financiera.
Apoyo comunitario y cuestionamientos éticos
Al mismo tiempo, Alfaro ha recibido apoyo de su comunidad, como una choripanada organizada por vecinos y locatarios, y una tallarinata solidaria convocada por la parroquia local.
No obstante, varios observadores consideran la situación como “al menos poco ética”.
“En Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana hay familias que quedaron sin hogar por los incendios de febrero y siguen esperando solución. ¿Por qué este caso se resolvió en días?”, cuestionó una persona relacionada con la gestión de ayudas.
Investigación en curso: posible tráfico de influencias
La denuncia sostiene que podría haber un caso de tráfico de influencias, uso preferente de redes gubernamentales y falta a la probidad.
El asunto ya está siendo investigado por el Ministerio Público, que busca aclarar si hubo irregularidades en los procedimientos y criterios aplicados. Además, no se descartan sanciones administrativas para los funcionarios involucrados.
El caso mantiene bajo la lupa la gestión de la Delegación Presidencial de Talagante y las responsabilidades políticas del Frente Amplio en la región.
Con Información de radioportales.cl
