Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) indica que entre 2023 y 2024, más de 25,000 funcionarios públicos en Chile, que laboran tanto en el Estado como en municipios, habrían abusado de licencias médicas. Este escándalo, que representa pérdidas aproximadas de USD 300 millones, pone en riesgo la confianza en el sistema público y revela un problema estructural en el Estado chileno.
“No se trata solo de un caso aislado, sino de un patrón arraigado en el que el Estado se convierte en un refugio para intereses personales en lugar de ser un motor del bien común”, señala Rodrigo Durán Guzmán, académico y experto en comunicación de crisis.
Entre los incidentes más alarmantes se encuentran funcionarios que viajaron de vacaciones a Europa, aquellos que realizaron estudios de posgrado en el extranjero, y una psicóloga que emitía facturas mientras compartía su vida recreativa en redes sociales, todo mientras supuestamente se encontraba con licencia médica. Hay incluso casos de personas que, estando de licencia médica en el sector público, desempeñaban funciones en el sector privado.
Más allá de este escándalo específico, surgen interrogantes sobre cómo opera el aparato estatal. Durán expone que tales situaciones “reflejan una cultura instaurada donde muchos ven el Estado como un botín, no como un espacio de servicio público. Se aprovechan del Estado en lugar de servir a este y a la ciudadanía”.
El experto también destaca un fenómeno recurrente en los últimos años de los gobiernos: el aumento sostenido de licencias médicas y embarazos entre funcionarias, como una estrategia para protegerse ante posibles cambios en la administración.
“Es un ciclo que refleja desconfianza en la estabilidad laboral y, en ciertos casos, se convierte en una táctica para mantener salarios y cargos amparándose en la ley”, agrega Durán.
Otro aspecto crítico es la escasa efectividad de sanciones, ya que la mayoría de los funcionarios renuncian antes de que se inicien procesos de investigación, lo que les permite reincorporarse a otras dependencias públicas sin restricciones. “Mientras no existan consecuencias reales, continuaremos observando cómo se evade la fiscalización y se normaliza la mediocridad”, sostiene Rodrigo Durán Guzmán.
El académico subraya que la ineficiencia del Estado no solo es consecuencia de la burocracia, sino también de la falta de meritocracia: “Frecuentemente, quienes ocupan cargos no poseen la capacitación ni la experiencia necesarias. La laxitud, desinterés y falta de vocación se han vuelto comunes, con excepciones, cada vez más raras”.
A pesar de las declaraciones, la ciudadanía pide más que simples investigaciones y renuncias simbólicas: exige transparencia, sanciones ejemplares y una reforma estructural que elimine el amiguismo, la impunidad y el uso indebido de recursos públicos.
“Si no se llevan a cabo decisiones fundamentales, este tipo de abusos seguirán sucediendo, disfrazados de legalidad y amparados por la inercia y la falta de voluntad política”, concluye Rodrigo Durán Guzmán.
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Con Información de osornoenlared.cl
