- El departamento Jurídico de la municipalidad ha decidido anular el procedimiento de invalidación de los contratos con la Constructora Biobío. Además, el seremi del Minvu, Patricio Escobar, sugiere una posible solución para resolver el significativo problema de la asignación de contratos para la construcción de viviendas sin licitación previa. Según la autoridad regional, las organizaciones tienen tres alternativas, cada una con sus ventajas y desventajas.
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A medida que avanza el tiempo, la incertidumbre podría aumentar para los emblemáticos comités de vivienda Altos del Sur y Valle Pucón. Sin embargo, en el último mes ha habido desarrollos en torno a la posibilidad de superar el obstáculo que ha dificultado la solución habitacional para las 299 familias que llevan casi diez años esperando cumplir el anhelado “sueño de la casa propia”. Esto surge tras cuestionamientos a tres contratos firmados con la Constructora Biobío, valorados en casi US $20 millones, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), debido a que no fueron sometidos a un proceso de licitación previo y están respaldados por una Entidad Patrocinante (EP) de la municipalidad.
En la última semana, se confirmó que la municipalidad ha decidido terminar el proceso de invalidación de los contratos firmados con Biobío. Esta decisión fue comunicada en un informe dirigido al alcalde Sebastián Álvarez y al director de Secplac, Alexis Figueroa. El documento, redactado por la abogada Rommy Gudenschwager, resume la historia del proceso y los argumentos presentados por la constructora, que señala que en caso de invalidación, debe ser indemnizada.
El informe concluye, entre otras cosas, que efectivamente hubo una “transgresión a la norma” al no realizarse una licitación. Sin embargo, también establece que los contratos ya han generado efectos en relación a los contratantes y terceros (las familias de los comités), que son difíciles de ignorar.
“De hecho, se demuestra que los contratos aprobados por los actos en impugnación comenzaron a tener efectos jurídicos, creando obligaciones y derechos para los contratantes una vez firmados, lo que revela una situación consolidada que limita la posibilidad de invalidación”, señala el documento. También se añade que, en caso de invalidar dichos actos administrativos, se podrían ver afectados derechos de terceros de buena fe que no participaron en su creación irregular, como son los comités de vivienda beneficiarios del subsidio otorgado por el Minvu. Por esta razón, tampoco sería posible proceder con la invalidación. Así, la abogada Gudenschwager aconseja al alcalde mantener los contratos y validar los decretos correspondientes.
Informe del seremi
También se conoció un informe jurídico firmado por el seremi del Minvu, Patricio Escobar, en el que se realiza un análisis legal detallado, llegando a una conclusión similar a la del informe de la abogada municipal Rommy Gudenschwager. Es decir, coinciden en que los contratos con Biobío debieron ser otorgados a través de un proceso de licitación pública, en lugar de manera directa. Aún así, ofrece una opción que podría aliviar la situación de los comités y familias, relacionada con la posibilidad de acreditar imprevistos de fuerza mayor y el visto bueno de la mayoría del concejo.
“En este caso, debió procederse por medio de una licitación pública o, como indica el artículo 8 en su inciso tercero, justificar imprevistos u otras circunstancias debidamente respaldadas por el concejo y con el voto de la mayoría de los concejales en ejercicio para aplicar la excepción del trato directo”, se puede leer al final del documento.
Palabras de Escobar
Según el seremi del Minvu, Patricio Escobar, son los comités quienes deben tomar la decisión respecto a este tema, y tienen tres opciones. La primera es solicitar una nueva licitación. “En este caso, el municipio tiene el control sobre las condiciones para la nueva licitación”, explica Escobar.
La segunda opción que propone la autoridad regional de Vivienda es continuar con la constructora, siempre que haya un acuerdo unánime del concejo municipal respaldado por razones de “fuerza mayor”, como se menciona en el informe enviado a la municipalidad. La tercera alternativa es que los comités opten por no seguir trabajando con la EP municipal y busquen una EP privada de su elección para escoger a la constructora que deseen. “Todas estas opciones tienen sus pros y sus contras. Si se alejan de la municipalidad, podrían perder los avances técnicos que habían logrado. Les he dicho que la decisión debe ser de ellos. Los comités deben decidir”, finalizó Escobar.
Por el momento, el tema está siendo analizado profundamente dentro de la municipalidad y esta semana se esperan reuniones de trabajo entre los equipos técnicos y jurídicos municipales con los concejales para discutir estas cuestiones.
Con Información de www.lavozdepucon.cl
