Diego Palomo, Profesor Titular, y Evelyn Vieyra Luna, Profesora Conferenciante de la Universidad de Talca, forman parte de la Comisión encargada del estudio y revisión del proyecto de reforma del sistema de designación de jueces.
La reciente apertura del año judicial 2025 constituye un momento fundamental para nuestro sistema de justicia; un evento que va más allá de un mero protocolo y que se presenta como una oportunidad para la reflexión y la acción. Este acontecimiento, lleno de simbolismo, se produce tras un 2024 cargado de escándalos que han socavado la confianza en las instituciones judiciales. Es esencial que esta inauguración no se limite a ser un acto ceremonial, sino que se convierta en el punto de partida para una renovación profunda que sane las heridas abiertas y recupere el prestigio de la Justicia.
El año anterior dejó un saldo sombrío: casos de corrupción, decisiones polémicas y una creciente percepción de que el Poder Judicial se ha desviado de su verdadera misión. La Justicia, que debería ser un pilar de equidad y certeza, ha estado en el centro de cuestionamientos que han dañado su imagen y alimentado la desconfianza del público. Esta crisis va más allá de la percepción; refleja fallas estructurales que han permitido que intereses ajenos a la ley infiltren una institución que, por su propia naturaleza, debe ser independiente y objetiva.
Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la politización de la justicia, un fenómeno que socava su legitimidad y la convierte en un terreno problemático. Las expulsiones de jueces, por ejemplo, parecieron ser utilizadas como oportunidades para cálculos y reparto político. Este escenario exige una respuesta firme: no son suficientes los discursos de buena voluntad o las reformas superficiales; se necesita una transformación seria que aborde las raíces del problema y recupere la confianza en el sistema.
El núcleo de esta transformación debe ser una reforma inteligente del proceso de nombramiento de jueces. El mecanismo actual ha facilitado la designación de magistrados cuya idoneidad ha sido cuestionada. Es indispensable implementar un sistema de selección basado en méritos, transparencia y rigor técnico, desvinculado de cualquier interferencia externa, para asegurar que aquellos que administran justicia sean verdaderamente independientes y estén comprometidos con los principios del derecho, y no con lealtades mal entendidas o favores personales.
Esta reforma no solo mejoraría la imagen del Poder Judicial, sino que también tendría un impacto directo en la confianza ciudadana. Cuando las personas ven que los jueces son seleccionados por su capacidad y no por su afiliación política, se refuerza la idea de que la Justicia está al servicio de todos y no de unos pocos. Además, un sistema sólido de nombramientos desincentivaría conductas inapropiadas, al reducir las oportunidades de que individuos con intereses ocultos accedan a posiciones de poder dentro de la judicatura.
Por tanto, la inauguración del año judicial 2025 no debería ser un simple acto de celebración vacía. Es el momento de asumir un compromiso colectivo: dejar atrás escándalos, desconfianza y politización, y avanzar hacia un Poder Judicial renovado. Con una reforma bien diseñada y ejecutada, este año podría marcar el inicio de una nueva era para la Justicia, donde su autoridad se base no en el poder, sino en la legitimidad que resulta de un servicio honesto y desinteresado a la sociedad. El desafío está planteado; ahora corresponde a las instituciones y a la ciudadanía exigir y respaldar este cambio.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
