*Por Daniela García
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En 2017, bajo la presidencia de Piñera, se implementó un nuevo sistema de educación pública, transfiriendo la administración de los establecimientos a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Recientemente, este medio presentó una columna del alcalde que contrasta la gestión municipal anterior, descrita como una “caja pagadora de favores políticos”, con la administración actual, considerada eficiente, para cuestionar una política nacional y oponerse a los SLEP. Esta misma diferencia en gestiones municipales es un argumento central para los SLEP, dado que la educación no debe depender de los vaivenes políticos locales. Esto crea una falsa dicotomía entre la gestión local y el centralismo, cuando lo que se requiere es cooperación y reconocer los factores estructurales que motivaron esta reforma. Los SLEP son ya una realidad legal sin excepciones, por lo que el objetivo debe centrarse en colaborar para asegurar una transición exitosa.
Los SLEP no son producto de ideologías ni decisiones arbitrarias. Responden a un diagnóstico ampliamente respaldado: la municipalización de la educación, implementada durante la dictadura, fragmentó el sistema público, acentuó desigualdades y subordinó la calidad educativa a las prioridades políticas de cada municipio. Este diseño estructural fracasó, independientemente de la buena o mala gestión de autoridades específicas.
Es cierto que hay comunas que actualmente presentan un orden financiero. Pucón podría ser una de estas, pero es crucial reconocer que se beneficia de ingresos generados por el turismo y el casino, algo que no disponen la mayoría de los municipios. ¿Debería el derecho a una educación de calidad depender de si una comuna cuenta con estas ventajas económicas? Establecer finanzas ordenadas y reducir déficits puede ser necesario, pero no se traduce automáticamente en mejoras en aprendizajes ni en el fortalecimiento de proyectos pedagógicos.
Las dificultades iniciales de los SLEP son reales y deben ser atendidas, pero confundir problemas de implementación con el fracaso del modelo es un error. La ley permite gradualidad, evaluaciones y ajustes porque reconoce la complejidad del cambio.
Defender la educación pública no implica aferrarse a la administración municipal ni proteger privilegios locales. Esta busca garantizar estándares comunes, financiamiento equitativo y responsabilidad estatal directa, sin romper el vínculo con los territorios. Los municipios no desaparecerán; su función se redefine para permitirles concentrarse en políticas locales de infancia y bienestar.
Coincido en que el actual sistema de subvención por asistencia penaliza a las escuelas rurales, pero este problema no es consecuencia de los SLEP. Usarlo como argumento en contra de la reforma desvía la atención del debate real.
La educación pública no puede depender de liderazgos individualizados, sin importar cuán honestos y eficaces sean. Las políticas deben mantenerse más allá de los ciclos electorales. La cuestión fundamental no es si una comuna puede gestionar su educación en la actualidad, sino si Chile está listo para construir un sistema público basado en garantías y no en excepciones.
*Daniela García fue concejala independiente y también postuló como candidata a la alcaldía en las primarias de la izquierda en 2024.
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Con Información de www.lavozdepucon.cl
