Después de que la Cámara de Diputados aprobara un acuerdo que expresa su rechazo a la política del gobierno en cuanto a la adquisición de inmuebles patrimoniales, así como una solicitud de antecedentes al Presidente Gabriel Boric para esclarecer las irregularidades en la fallida compra del inmueble de la familia Allende, los líderes de bancada de Chile Vamos, Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), decidieron interponer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
La acción tiene como objetivo que el pleno del TC evalúe las causales de inhabilidad que se encuentran establecidas en el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe de manera explícita a los diputados en ejercicio firmar contratos con el Estado de Chile. En este caso, se busca establecer responsabilidades en relación a la senadora Isabel Allende (PS).
El diputado Gustavo Benavente indicó que «consideramos fundamental que, como Chile Vamos, nos hayamos tomado el tiempo necesario para realizar una presentación jurídicamente sólida y que cuente con todos los elementos para que la acción sea bien recibida por el TC.»
Asimismo, manifestó que “como Chile Vamos actuaremos de manera conjunta en asuntos de fiscalización y en otras iniciativas, demostrando gobernabilidad para los ciudadanos chilenos”.
Por su parte, Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, afirmó que “estamos seguros de que la senadora Allende ha incurrido en una causal de cesación en su cargo, por lo que, tras reflexionar y consultar con expertos, y sin la presión de ser los primeros en actuar, nos dirigiremos al TC después de un proceso reflexivo con certeza, de manera responsable para evitar blanquear una conducta que parece claramente en contradicción con el marco constitucional y con la probidad en el ejercicio de la función pública”.
Finalmente, Jorge Guzmán de Evópoli, añadió que “es nuestra responsabilidad ejercer todas las acciones que la ley nos permite para que se apliquen sanciones por la evidente violación a la norma constitucional por parte de la senadora Allende y la ministra Fernández.”
«No actuar sería ser cómplice de un delito constitucional que es demasiado claro y que debe ser sancionado de acuerdo a la ley. Predecir el resultado del Tribunal Constitucional en función de su composición política es debilitar gravemente la institucionalidad del país. Confiamos en la actuación del Tribunal Constitucional bajo los criterios de la Constitución”, concluyó.
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