La propuesta ha concitado respaldos entre parlamentarios y partidos políticos en medio de la compleja tramitación de la sala cuna universal, que no cuenta con votos asegurados ni en el oficialismo ni en la oposición.

El llamado se da en el contexto de que las últimas cifras de desempleo se ubicaron en 9,6% en el trimestre junio-agosto, el nivel más alto desde 2021. Entre las mujeres llegó a 10,3%, con seis trimestres consecutivos sobre los dos dígitos. A ello se suma el Imacec de agosto, que cayó 1%, sexto resultado negativo del año.

Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, sostuvo que se trata de una propuesta «seria y sensata», que no compromete los fondos del seguro de cesantía, que pertenecen a las y los trabajadores, ni agrega costos que desincentiven la contratación de mujeres, ya que actualmente existe un costo en esta materia. «La sala cuna no puede ser un impuesto al empleo femenino. Tiene que ser una herramienta para impulsarlo y la propuesta que presentamos va en esa línea», señaló.

Palma valoró el respaldo transversal que ha recibido la iniciativa. «Hay parlamentarios y expertos de distintas posiciones que ven en este fondo una alternativa viable. Vemos que es una oportunidad para aprobar el proyecto si el Gobierno está dispuesto a escuchar», dijo.

La CUT reiteró su disposición a trabajar la propuesta con el Ejecutivo y el Congreso. «Nuestra mano está tendida. Estamos disponibles para sentarnos a trabajar los detalles, porque lo que está en juego es el futuro de las mujeres, de los niños y niñas, y el futuro de Chile», concluyó.

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Desde el Comité fueron enfáticos en señalar que las administradoras de pensiones, ignorando las advertencias, prefirieron continuar apostando con los fondos de todos los chilenos y chilenas.

Agregaron que cuando el regulador advierte y las AFP no escuchan, no se configura un error, sino “una negligencia sostenida”. Dejaron en claro que no se trata de un hecho fortuito ni de una sorpresa, sino de una decisión consciente de ignorar las alertas emitidas tanto por la Superintendencia como por el Banco Central.

Por otra parte, respecto de los afectados, se afirmó que resulta impresentable que los perjudicados sean los más cercanos a jubilar. Se consideró que el Fondo E, el más conservador de los multifondos, acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, mientras que el Fondo D, donde se concentran más de 619 mil personas mayores de 60 años, registra una baja de 6,38% en lo que va del año. El Comité calificó esta situación como vergonzosa.

Ante la sugerencia de retrasar la jubilación para esperar una recuperación del mercado, respondieron que alguien de 65 años no tiene décadas para esperar que el mercado se recupere. Con ello, confirmaron que las apuestas las hicieron las AFP, pero las pérdidas las pagan los trabajadores que están a punto de jubilar.

En esa misma línea, advirtieron que todo este escenario es peligroso para los y las trabajadores, ya que algunas voces hablan de revisar los años para acceder a la jubilación. «Ya no les basta el daño económico, sino que también buscan vulnerar el derecho al descanso después de una vida de trabajo y sacrificio», sentenciaron.

El Comité PC e Independientes ya había oficiado a la Superintendencia de Pensiones solicitando información detallada sobre desde cuándo se tenía conocimiento de la situación, las medidas correctivas adoptadas y los mecanismos de mitigación implementados. También anunció que seguirá fiscalizando hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

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No hubo embajadores, ya que Bolivia y Chile no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 1962, salvo el paréntesis del abrazo de Charaña. Sin embargo, hubo alfombra, himnos y cinco carpetas azules.

La visita duró 12 horas. Kast la resumió en una frase: «Hoy dejamos de darnos la espalda». Paz le respondió con otra que quedó en los titulares de ambos lados de la frontera de 861 kilómetros.

Los 5 acuerdos firmados:

1. Modernización del ACE-22: el antiguo Acuerdo de Complementación Económica de 1993. Se firmaron los Términos de Referencia para renegociarlo en dos fases. Fase 1: más preferencias arancelarias, reglas de origen, facilitación de comercio, medidas sanitarias, defensa comercial y pymes. Fase 2: servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, compras públicas, cadenas de valor y temas laborales y ambientales.

2. Corredor de Fibra Óptica Bioceánico: un memorándum para tender fibra desde Arica y Parinacota hacia Bolivia, conectando a Bolivia con los cables submarinos del Pacífico —incluido el Humboldt que viene de Asia— y a Chile con el Atlántico. Paz lo presentó así: «Bolivia podrá convertirse en centro de distribución de internet hacia Brasil y Paraguay».

3. Cooperación Minera y Metalúrgica: marco de 5 años, no vinculante, para intercambiar información en exploración geológica, minerales críticos, procesamiento, atracción de inversiones, tecnologías limpias y reciclaje. Cada país paga lo suyo, con planes de trabajo anuales.

4. Integración Energética: declaración conjunta para estudiar la interconexión eléctrica entre ambos sistemas. Un Comité Técnico Binacional tiene que entregar la hoja de ruta técnica, económica y regulatoria.

5. Declaración Presidencial Conjunta: el paraguas político. Reactiva las Consultas Políticas, la Comisión Mixta Cultural y Educativa, la comisión sobre drogas y delitos conexos y los mecanismos de libre tránsito. Además, compromete 45 días para poner responsables y cronogramas a todo lo firmado. La invitación ya está hecha: Rodrigo Paz irá a Santiago en visita de Estado en 2027.

Y el mar.

Era la pregunta obligada. En la conferencia, Paz tomó la palabra primero para desactivarla sin negarla.

«Bolivia y Chile mantienen diferencias históricas. La reivindicación marítima constituye un objetivo permanente e irrenunciable. Es un mandato constitucional y está en nuestro mandato como país», dijo.

Y enseguida agregó: «Bolivia no renuncia a su historia, no renuncia a sus derechos y no renuncia al diálogo. Tenemos una historia que no nos puede anclar en el desarrollo y en la visión de futuro».

Kast no entró al fondo. Su libreto fue otro: «Las diferencias existen, son históricas, pero las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados». Propuso que el mecanismo de consultas políticas «trabaje estas cuestiones con diálogo y confianza mutua, paso a paso, considerando los intereses de ambas partes hacia la normalización plena de nuestras relaciones y su restablecimiento al más alto nivel diplomático».

En ningún documento firmado aparece la palabra «mar». Ese era el acuerdo tácito. Paz lo explicó a su gente en un mensaje en X: «Con el Presidente Kast firmamos acuerdos que se traducen en oportunidades para nuestra gente» —comercio, fibra, minería, energía—. Y remató: «Bolivia no renuncia a su historia, a sus derechos ni al diálogo, Bolivia piensa en su futuro».

Hay medio millón de bolivianos viviendo entre ambos países, recordó Paz. «A veces los Estados nos quedamos y no vamos al mismo ritmo de la gente».

La Guerra del Pacífico fue en 1879. Se perdieron 400 km de costa. La demanda ante La Haya fue en 2018 y se perdió. Hoy, en 2026, la estrategia cambió de tribunal a cable de fibra.

«No hemos hecho anuncios grandilocuentes que se desvanecen al día siguiente, hemos decidido construir con constancia», cerró Kast.

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La primera es la del Danstar. Entre el 10 y el 15 de noviembre zarpará desde Punta Arenas el buque chileno Danstar para reabrir, después de décadas, una ruta comercial directa entre Punta Arenas y Puerto Stanley / Puerto Argentino, Malvinas/Falkland. Habrá viajes mensuales, con carga privada y negocio entre privados. Para Punta Arenas, esto significa romper el monopolio de Montevideo como abastecedor de las islas, además de empleo y movimiento portuario.

La segunda es la del avión. El Gobierno argentino denunció penalmente a la multinacional Thales, contratista de sus propias Fuerzas Armadas, por dos vuelos entre Punta Arenas y Malvinas los días 19 y 24 de septiembre con el avión G-FPLD, de matrícula británica, sin pedir autorización a la ANAC argentina. La denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos; el fiscal Ramiro González pidió antecedentes y la ANAC solicitó el decomiso del avión. Buenos Aires sospecha que esos vuelos calibraron ayudas a la navegación para el proyecto Sea Lion, el megayacimiento offshore de Navitas (65%) y Rockhopper (35%) ubicado a 200 km al norte del archipiélago, que busca comenzar a extraer en 2028.

Argentina observa ambos asuntos con la misma lupa: el decreto 256/2010, que exige permiso previo argentino a todo buque que vaya entre puertos argentinos y Malvinas, Georgias y Sándwich, y el decreto 457/2021, firmado en la era Fernández, que menciona la «exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces / Drake».

En este escenario entra una tercera pieza: la carta del almirante Miguel Ángel Vergara y cinco ex comandantes en jefe de la Armada —Codina, González, Larrañaga, Leiva y De la Maza— publicada en El Mercurio.

No es una carta cualquiera. Vergara y varios de los firmantes vivieron el Beagle de 1978 al borde de la guerra. Su diagnóstico es duro: «La historia aconseja prudencia pero también firmeza». Sostienen que Argentina, más allá del signo político de sus gobiernos, mantiene aspiraciones históricas de proyección al Pacífico y de consolidación en el sector que Chile denomina Tierra de O’Higgins en la Antártica. Advierten que «la paz y el bienestar no pueden alcanzarse a costa de la soberanía». Recuerdan que el 25 de agosto el Presidente Kast dio por superada la controversia con Milei mediante una declaración conjunta —«el Estrecho es y será siempre chileno»—, pero el decreto 457 sigue vigente.

En entrevistas posteriores en Radio Polar, Vergara va más allá: lo que está en juego hoy es si Chile puede ejercer su derecho soberano a comerciar desde Punta Arenas hacia el Atlántico sin que Buenos Aires lo interprete como una violación de su reclamo sobre Malvinas. «Un simple decreto interno no puede oponerse a un Tratado, ni al Derecho Internacional», dice. «Se trata de un intercambio entre privados que beneficiará grandemente a Punta Arenas». Y agrega que Chile no está rompiendo su compromiso histórico de apoyar la demanda argentina por Malvinas «en tanto ese país encauce sus pretensiones por medios pacíficos».

Vergara tiene razón y el gobierno de Kast debe tomar tres decisiones con frialdad, no con bravuconería:

1. Separar las canchas. Una cosa es el comercio Punta Arenas-Malvinas, que es legal, amparado en el Tratado de 1984 y en la Convemar, y otra muy distinta es transportar equipamiento para Sea Lion, que Argentina considera ilegal y que ya llevó a Buenos Aires a pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Danstar debe zarpar, pero su manifiesto de carga debe ser transparente y civil. No podemos regalarle a Argentina el argumento del «paso no inocente» del artículo 19 de la Convemar.

2. Exigir la derogación, no solo la declaración. El gesto de Milei y Kast reconociendo la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho es inédito y valioso. Pero mientras el 457 y el 256 sigan vigentes, cualquier brigadier Valverde o contralmirante Montero —que ya dijo que «la boca del Estrecho es argentina»— puede reflotar la tesis. El canciller Pérez Mackenna ha enviado cinco notas de protesta en tres gobiernos. Es hora de pedir un cronograma de derogación.

3. Mirar a la Antártica. El verdadero fondo de la carta de los almirantes no es el Danstar. Es la Antártica. Como dijo Patricia Bullrich hace semanas, para Argentina la lista de objetivos es «el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida». En 2027 Chile debe renovar su Política Antártica y definir inversiones en Puerto Williams y en la capacidad de patrullaje austral. No hay soberanía sin presencia y sin presupuesto.

Kast tiene razón cuando dice que «jamás ha habido patrullaje conjunto en el Estrecho» y que todo buque pasa con práctico chileno. Pero la soberanía no se defiende solo con pilotos. Se defiende con doctrina.

El sur no es un problema logístico entre dos socios. Es la prueba de si Chile entiende que el estrecho y la Antártica son su columna vertebral.

Que zarpe el Danstar. Que no vuele nada sin permiso. Y que La Moneda escuche a sus almirantes, aunque incomoden.

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Según informó Radio Biobío, la medida podrá hacerse efectiva a partir del próximo 2 de diciembre, pese a la oposición de la parlamentaria.

La resolución establece que el beneficio se otorgará una vez cumplido el plazo mínimo exigido. En concreto, el documento señala: “El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026”.

Maturana cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina. Esto, tras ser sentenciado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Campillai.

Campillai presentó su oposición por escrito y acudió personalmente este viernes ante la Comisión de Libertad Condicional para cuestionar la solicitud del excarabinero.

Entre sus argumentos, planteó que debía exigirse el cumplimiento de dos tercios de la pena y cuestionó que Maturana no le haya pedido disculpas ni manifestado públicamente arrepentimiento por lo ocurrido.

La senadora advirtió sobre las consecuencias que su eventual salida podría tener para su seguridad y su integridad psíquica. Además, solicitó que se consideraran los estándares internacionales relativos al cumplimiento de las condenas y los derechos de las víctimas.

Sin embargo, la instancia desestimó sus planteamientos y determinó que correspondía exigir la mitad de la pena. Esto debido a que el delito por el que fue condenado Maturana no se encuentra entre aquellos que requieren cumplir dos tercios de la sentencia para acceder al beneficio.

También sostuvo que el fallo condenatorio descartó expresamente calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad.

Otro de los antecedentes considerados fue el informe psicosocial elaborado por Gendarmería, que evaluó favorablemente al condenado.

Según recoge la resolución, el documento señala: “El postulante evidencia actualmente una adecuada asunción de responsabilidad. Reconocimiento del impacto de sus actos y rechazo explícito de la conducta delictiva, manifestando disposición sostenida a mantener un comportamiento ajustado a las normas sociales”.

El informe también califica como “muy bajo” el riesgo de reincidencia de Maturana y consigna que no registra antecedentes penales previos y que ha mantenido una conducta intachable durante el período exigido.

Respecto de los temores expresados por Campillai, la comisión indicó que no existen antecedentes de amenazas, acercamientos o comunicaciones del condenado hacia la senadora.

Con estos antecedentes, la Comisión de Libertad Condicional de Talca aprobó por unanimidad el beneficio y dispuso comunicar la decisión a Gendarmería y a los juzgados de garantía correspondientes.

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019, cuando Campillai se dirigía a tomar locomoción en San Bernardo para ir a trabajar. En ese momento, recibió en el rostro el impacto de una bomba lacrimógena disparada por el entonces capitán de Carabineros Patricio Maturana.

Las lesiones provocadas por el proyectil le causaron la pérdida permanente de la visión, además del gusto y el olfato.

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La entrada Comisión concede libertad condicional al excarabinero Patricio Maturana, quien cegó a la senadora Campillai se publicó primero en ChileLindo.

La medida busca impedir disparidades en el alcance de publicaciones, en los resultados de búsqueda y en las recomendaciones de contenido político. Meta se expone a una multa de 500 mil reales por día en caso de incumplimiento. La determinación surgió después de que la campaña de Lula denunciara restricciones en Instagram, Facebook y WhatsApp, y diferencias en herramientas de inteligencia artificial.

El ministro Marco Aurélio Bellizze adoptó la decisión el jueves 15 de octubre. La resolución acoge parcialmente una presentación de la campaña de Lula, que acusó a la empresa dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp de limitar la difusión de contenidos del actual mandatario y de favorecer la visibilidad de su adversario.

El fallo prohíbe a Meta reducir de forma desigual la distribución de publicaciones políticas, restringir resultados de búsqueda o excluir contenidos de los sistemas de recomendación cuando ello genere diferencias de trato entre las candidaturas. Además, establece que las limitaciones a las recomendaciones se apliquen solo a los perfiles oficiales de los candidatos y no se extiendan de manera indiscriminada a cuentas de terceros que publiquen contenido político.

En el ámbito publicitario, la compañía deberá evitar el bloqueo de cuentas de anuncios de las campañas y la restricción de publicaciones pagadas sin revisión humana. Si un sistema automatizado aplica una restricción, Meta tendrá hasta dos horas para revisarla e informar a la Justicia Electoral sobre la medida y sus fundamentos.

El incumplimiento de estas disposiciones puede generar una multa diaria de 500 mil reales.

La resolución judicial se conoció luego de que la campaña de Lula entregara antecedentes sobre asimetrías en el funcionamiento de las plataformas digitales. El informe de su equipo reúne ocho casos y documenta problemas vinculados con cuentas publicitarias, alcance de publicaciones, generación de imágenes mediante inteligencia artificial y resultados de búsqueda en WhatsApp. La denuncia también incluye miles de reportes de usuarios.

Entre los episodios denunciados, el 23 de septiembre la cuenta publicitaria de la campaña fue desactivada sin una explicación específica. Al día siguiente, Meta comunicó que un anuncio había sido rechazado por sospecha de suplantación relacionada con un programa social del Gobierno y reconoció que restricciones anteriores habían sido clasificadas erróneamente como graves. La cuenta fue restablecida poco más de una hora después.

La campaña también denunció que el 9 de octubre tuvo dificultades para promocionar publicaciones del feed de Instagram, restricción que se habría mantenido hasta cerca de las seis de la mañana del día siguiente.

Otro antecedente apunta a diferencias en las interacciones digitales. De acuerdo con cifras presentadas por el equipo de Lula para el período del 1 al 7 de octubre, el mandatario tenía 16,4 millones de seguidores, mientras que Flávio Bolsonaro sumaba 13,6 millones. A pesar de esa diferencia, el candidato opositor registraba casi tres veces más interacciones por publicación, según el análisis.

El informe también compara el rendimiento de los videos y sus tasas de interacción. Estos datos se presentan como indicios de una posible asimetría en la distribución de contenidos, aunque por sí solos no comprueban que haya existido una manipulación deliberada de los algoritmos.

Uno de los puntos centrales de la denuncia fueron las diferencias observadas en Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial de la compañía.

Según pruebas del 14 de octubre, solicitudes para generar imágenes electorales relacionadas con Lula fueron rechazadas, mientras que peticiones equivalentes sobre Flávio Bolsonaro sí obtuvieron resultados. El equipo denunciante afirmó que estas diferencias se observaron en solicitudes hechas desde el mismo dispositivo y cuenta.

Después de la presentación de la campaña, Meta informó que había prohibido temporalmente la recomendación de candidatos y la generación de imágenes de ellos, y que adoptó medidas adicionales para impedir que las solicitudes basadas únicamente en nombres de pila y números electorales produjeran ese tipo de imágenes.

El ministro Bellizze consideró que había antecedentes suficientes para adoptar medidas preventivas ante la cercanía de la segunda vuelta. La decisión no es una declaración judicial definitiva, pues su objetivo inmediato es evitar que posibles fallas o restricciones generen un trato desigual entre las candidaturas durante el período decisivo de la campaña.

La resolución también incluye medidas sobre la circulación de contenidos presuntamente producidos o difundidos mediante redes de cuentas inauténticas.

Meta deberá investigar, en un plazo de 24 horas, los 255 perfiles señalados en un informe del Instituto Democracia em Xeque, sospechosos de formar parte de una red de producción y difusión de contenidos mediante inteligencia artificial.

Además, la empresa tendrá 48 horas para verificar si 1.204 publicaciones analizadas cuentan con la identificación correspondiente cuando se trate de contenidos generados por inteligencia artificial, y para adoptar las medidas pertinentes si detecta incumplimientos.

Según los antecedentes aportados por la campaña, la red investigada habría acumulado alrededor de 58,6 millones de visualizaciones. Entre los objetivos de las publicaciones estarían Lula y la primera dama, Janja Lula da Silva.

La denuncia también recoge reportes de usuarios sobre restricciones, suspensiones y reducción del alcance de publicaciones en distintas plataformas. Una recopilación citada por el equipo de Lula contabilizó 3.128 reportes válidos entre el 12 y el 15 de octubre. Estas cifras corresponden al registro presentado por los denunciantes y no constituyen, por sí mismas, una comprobación judicial de cada caso.

Meta ha rechazado las acusaciones de sesgo político y atribuyó parte de los episodios denunciados a problemas técnicos que, según su versión, no habrían afectado exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas.

La compañía también ha sostenido que actúa conforme a las normas electorales brasileñas y que está comprometida con garantizar un acceso igualitario a sus plataformas.

La decisión del TSE obliga ahora a la empresa a adoptar medidas concretas y verificables durante la segunda vuelta, en un contexto en que las redes sociales son uno de los principales espacios de disputa política y circulación de propaganda electoral.

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Durante el discurso inaugural, el presidente del PC, Lautaro Carmona, realizó un balance de los primeros meses de gobierno, de la participación de su tienda en la administración de Gabriel Boric y de la construcción unitaria de la oposición. En ese marco, informó que horas antes los comunistas se reunieron con la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Gabriel Boric, las presidencias de los seis partidos de oposición con representación parlamentaria y el Partido Radical.

Desde el podio, Carmona se refirió a la libertad condicional otorgada pocas horas antes al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de presidio por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai. La Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió el beneficio, que comenzará a regir el 2 de diciembre. Carmona declaró: “A propósito de solidaridad, con profundo afecto hacia nuestra querida compañera Fabiola Campillai, manifestamos nuestro respaldo cuando hoy un tribunal ha dado la libertad condicional al ex carabinero Patricio Maturana, quien disparó contra ella dejándola ciega. Sabemos del impacto que esto le ha provocado. Cuenta con toda nuestra fuerza y cariño, nuestro afecto a Fabiola ante esta grave situación”.

Por otra parte, el timonel del PC aseguró que el gobierno de José Antonio Kast “prometió orden” y hoy “entrega abandono”. Además, presentó las “Demandas urgentes para un Chile Justo, Próspero y Compartido”, doce propuestas que buscan dar cuenta de las urgencias del país y que las y los comunistas acogen como propias.

Entre esas demandas destacan un plan nacional para crear 500.000 empleos, un IFE de emergencia acotado a tres meses, un presupuesto reactivador que reponga los programas sociales, el pasaje gratuito para las personas mayores y el financiamiento de la inversión pública mediante un impuesto a los superricos.

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Esta ruta reúne cuatro restaurantes para quienes deseen salir de la rutina y vivir una experiencia gastronómica internacional sin salir de Concepción.

Siriana, ubicado en Orompello 472, Concepción, BioBío, es una alternativa para disfrutar de preparaciones árabes tradicionales, con opciones como shawarmas, kebab, falafel y distintos acompañamientos.

Su menú incluye alternativas con pollo y carne de vacuno, además de platos vegetarianos y veganos. Entre las opciones destacadas está el shawarma de carne, preparado con vacuno fileteado, salsa de tahini, pepinillo árabe, perejil, cebolla y ácido de granada, y el kebab Shami, que combina carne de vacuno, tomate, cebolla, perejil y sumac en pan árabe.

También ofrece preparaciones para compartir, como hojas de parra rellenas de arroz y verduras, hummus y mhamara.

Sikdorak, en Rengo 11, Concepción, BioBío, propone distintas preparaciones inspiradas en los sabores tradicionales de Corea del Sur para quienes buscan qué hacer en Concepción y se interesan por la gastronomía coreana.

Entre sus opciones más populares se encuentra el pollo Dalcomi, preparado al estilo coreano y salteado en salsa dulce. También se puede probar el pollo Mekomi, cubierto con una salsa agridulce semipicante, o el Sekomi, que resalta por su sabor agridulce con un toque cítrico de naranja. Para quienes prefieren sabores más intensos, el pollo Bomba lleva una salsa extra picante.

Otra alternativa es el ramyeon, una sopa de fideos que se sirve en distintas versiones, desde la original sin picante hasta opciones de curry y extra picantes. Estas preparaciones incluyen ingredientes como zanahoria, cebollín, láminas de cerdo y huevo, además de una alternativa vegetariana.

Priaccy, ubicado en Arturo Prat 307, Concepción, BioBío, ofrece una variedad de preparaciones de gastronomía italiana que incluyen pastas, lasañas, pizzas artesanales y paninis.

Entre sus opciones destacan las lasañas artesanales y las pastas, disponibles en preparaciones como boloñesa, pollo al pesto y salsa alfredo con tocino. También ofrece pasta al horno con queso gratinado y una alternativa en la que se puede personalizar el plato.

Para quienes prefieren otras preparaciones, el menú incluye pizzas artesanales, como la vegetariana y la peperonata, además de paninis. Entre estos últimos hay opciones con pollo, carne mechada y champiñones salteados, acompañados de ingredientes como queso crema y tomate asado.

Casa Mole, en Colo Colo 152, Concepción, BioBío, ofrece una variedad de preparaciones de gastronomía mexicana que incluyen tacos, chilaquiles, flautas, quesadillas y sándwiches para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren probar estos sabores.

Entre sus opciones más populares están los tacos de birria, elaborados con carne desmenuzada y acompañados de su caldo, y los tacos al pastor, que llevan cerdo adobado, cebolla, cilantro y un toque de piña. También se pueden encontrar tacos de bistec de res, pollo y costilla, todos servidos en tortillas de maíz.

Otra alternativa es el quesabirrión, una tortilla grande de harina de trigo rellena de carne de birria y queso fundido, que se acompaña con caldo. El menú también incluye flautas de pollo, preparadas con tortillas enrolladas y fritas, rellenas de pollo desmenuzado y queso.

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La lógica original del sistema, recuerda el análisis, era un principio clásico de las finanzas: asumir volatilidad en la juventud para obtener mayores retornos en la vejez. El Fondo A, expuesto a renta variable internacional, debía superar en el largo plazo al Fondo E, más conservador. Esa prima de riesgo era, en el planteamiento original, el contrato moral y financiero que justificaba someter el ahorro previsional a las fluctuaciones de Wall Street.

El análisis de Rojas Bravo, ingeniero comercial, revisa casi un cuarto de siglo de registros y concluye que esa premisa se derrumbó. Entre sus resultados, señala que la diferencia de rentabilidad bruta mensual entre el Fondo A (0,53%) y el Fondo E (0,24%) no es estadísticamente significativa al 99% de confianza. En la práctica, asumir el máximo riesgo habría rendido lo mismo que mantenerse en la opción más conservadora.

El texto agrega que en 59 ocasiones, equivalentes al 20% de la vida útil del sistema, el Fondo E acumuló más dinero que el Fondo A. El episodio más reciente ocurrió en julio de 2023. Además, indica que el retorno del Fondo A no supera, con significancia estadística, la TIR de los Bonos del Banco Central de Chile, el instrumento más predecible y seguro de la economía chilena.

Para el autor, perder contra el Fondo E constituye una falla de gestión, mientras que no ganarle al Bono del Banco Central equivale a perder contra el piso mismo de la economía nacional. Añade que la industria expuso el dinero de millones de chilenos a la angustia de las caídas bursátiles para entregar, 24 años después, un resultado indistinguible de haber prestado recursos al Estado sin mover un dedo.

Rojas Bravo también cuestiona la idea de que el tiempo corrige el riesgo. Con un aporte mensual de 1 UF desde el origen del sistema, el fondo acumulado a julio de 2026 alcanzaría 529,16 UF en el Fondo A y 376,51 UF en el Fondo E, una diferencia real a favor del riesgo. Sin embargo, el análisis sostiene que, con el paso del tiempo, no solo crece el fondo acumulado: también aumenta la varianza del retorno, es decir, el riesgo de terminar perdiendo se amplifica con el plazo en lugar de diluirse.

Por eso, explica, en 59 ocasiones el Fondo E conservador terminó superando al A pese a la ventaja que muestra el promedio. El tiempo, concluye, no es la red de seguridad que la industria vende: es el terreno donde el riesgo tiene más espacio para desplegarse. El texto plantea una pregunta: ¿alguien se atrevería a apostar que, en los próximos quince años, el Fondo A siempre le ganará al E? Rojas Bravo responde que él no. Y si quien realizó el análisis estadístico más riguroso que existe hoy sobre el sistema no se atreve a esa apuesta, agrega, cuesta entender con qué autoridad la industria sigue vendiéndola como certeza.

Las comisiones son otro punto central. Según el análisis, el costo de administración se devora entre el 41% y el 58% de la rentabilidad generada. Por ese cobro, el Fondo A pasa de un 6,57% real anual bruto a un 3,90% neto, mientras que el Fondo E cae de un 2,97% bruto a un 1,25% neto.

El texto pregunta qué compra el trabajador con la comisión que se le descuenta del sueldo mes tras mes, si el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia lo paga el empleador por separado. Sostiene que no compra pericia financiera, porque no existió, ni protección, porque ya está pagada en otra parte. A su juicio, compra papeleo administrativo: mantención de un servidor, impresión de una cartola y cumplimiento forzado de una ley. Agrega que las comisiones entre AFP varían de 0,46% a 1,45%, más del 200% de diferencia, por un resultado financiero idéntico entre administradoras, lo que demostraría que ese precio no mide gestión ni talento, sino margen de utilidad y estructura de costos. Lo compara con la diferencia entre una notaría cara y una barata: la firma impresa vale lo mismo y el sello de goma no sabe de lujo.

El artículo contrasta el caso chileno con el Fondo Soberano de Noruega, el fondo de pensiones más grande del mundo, construido con ingresos petroleros. Entre 1998 y el tercer trimestre de 2025, Noruega logró un retorno real neto, después de costos de gestión e inflación, de 4,28% anual, con un costo de administración de apenas 0,04% de los activos gestionados al año. En comparación, el Fondo A chileno, el más agresivo y caro del sistema, registra 6,57% real bruto y 3,90% neto. Noruega, con una cartera más diversificada, sin la exposición extrema a renta variable del Fondo A y cobrando una fracción mínima, entrega a sus beneficiarios una rentabilidad neta superior a la del fondo chileno diseñado para maximizar el retorno asumiendo el máximo riesgo.

El texto presenta una estimación de orden de magnitud, no un cálculo actuarial: la brecha entre el retorno bruto y neto del Fondo A, de 2,67 puntos porcentuales anuales, aplicada al total de activos que administra el sistema chileno (US$257.944 millones, según la Superintendencia de Pensiones a mayo de 2026) arroja una cifra aproximada de US$6.900 millones al año que las comisiones sustraen de la rentabilidad generada. Proyectado, sin componer, sobre los 24 años de historia del sistema, el orden de magnitud supera los US$160.000 millones. La cifra exacta exigiría un cálculo actuarial completo, fondo por fondo y año por año, que ni la industria ni el regulador han publicado, lo que el artículo considera parte del problema.

Para dimensionar esa cifra, el texto indica que US$160.000 millones equivalen a cerca del 39% del PIB chileno completo de un año (US$407.850 millones, según el FMI para 2026), o a casi dos años enteros del presupuesto fiscal de la nación (US$90.000 millones anuales, Presupuesto 2026). La pérdida anual estimada, de US$6.900 millones, representaría por sí sola cerca del 39% de todo el presupuesto de Educación para 2027 (US$17.777 millones). No sería una cifra menor escondida en la letra chica de una cartola, sino, en la escala del país, del tamaño de una política pública completa que no se alcanza a ver porque nunca se presenta junta, sino descontada mes a mes, sueldo por sueldo.

El contraste, añade, no es menor. No se trata de que Chile haya elegido asumir más riesgo a cambio de más retorno, lo cual sería una decisión legítima de política pública. Se trata de que asumió más riesgo, cobró más caro por gestionarlo y terminó entregando menos rentabilidad neta que un fondo soberano que invierte de forma mucho más conservadora y cobra casi nada por hacerlo. Noruega demostraría, con números auditados y públicos cada año, que gestionar barato y bien no es una fantasía regulatoria, sino una opción que Chile no tomó.

El artículo sostiene que lo escandaloso no es solo la mediocridad de las cifras, sino la ausencia total de vergüenza. Ningún directorio ha pedido disculpas y ningún ejecutivo se ha parado frente a una cámara a admitir que cobró comisiones de gestión activa por entregar, durante 24 años, resultados de renta fija básica. El sistema operaría, dice, bajo un blindaje insólito: una arquitectura que puede fallar de forma demostrable durante veinticuatro años seguidos sin que un solo cuerpo humano cargue con el peso de esa falla.

Tampoco la academia especializada, según el texto, ha estado a la altura. Chile ha formado en las últimas dos décadas un número creciente de economistas con doctorado, muchos en las mejores universidades del mundo, y sin embargo la evidencia, pública desde hace meses, no ha generado el debate técnico que su gravedad amerita. No hizo falta una cifra exacta de cuántos doctores existen para notar la ausencia: bastó con que nadie, con el peso académico suficiente, saliera a confirmar o refutar con el mismo rigor estadístico lo que Rojas Bravo ya mostró.

El texto cita una frase o muletilla, cortesía de Bombo Fica, que, con bastante menos ropa mental, explicaría mejor que cualquier informe técnico el tufo a sospecha que emana del sistema. Un sistema que administra US$257.944 millones pertenecientes a 12 millones de afiliados. Que pasen veinticuatro años sin que nadie pague el costo de una falla evidente no sería cautela regulatoria: sería, literalmente, lo que Chile aprendió a llamar “sospechosa la w…”.

Para el autor, el regulador, lejos de fiscalizar el desastre, elige la evasión como método de gobierno. Ni la Superintendencia de Pensiones ni el Ministerio del Trabajo han publicado una evaluación empírica y rigurosa sobre el desempeño real de los multifondos antes de decretar su extinción. Se repetiría así el vicio de siempre en la política pública chilena: cambiar la fachada, los nombres, el número de fondos, la asignación automática por edad, para que nada, en el fondo, tenga que cambiar.

Los Fondos Generacionales pueden ser un ajuste razonable en el diseño de asignación, concluye el artículo, pero no garantizan por sí solos un solo punto adicional de retorno. Si antes de abril de 2027 la autoridad no demuestra, con números auditados y a la vista de todos, que el nuevo esquema corrige la captura de valor y la voracidad de las comisiones, el diagnóstico será inequívoco: no se estará frente a una modernización técnica, sino frente a un cambio de etiquetas cosido sobre la misma herida, para que la miseria siga teniendo, otra vez, un nombre nuevo que nadie tenga que pronunciar con vergüenza.

Con Información de desenfoque.cl

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Paz recibió a Kast en el Palacio Quemado, en una visita que abre “una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral” entre los dos países, según celebró en un mensaje en redes sociales.

“La agenda contempla acuerdos y acciones conjuntas en materia económica, comercial, energética y de seguridad fronteriza. Con el objetivo de avanzar en soluciones a desafíos compartidos y generar oportunidades para ambos pueblos”, agregó la Oficina del presidente boliviano.

En la misma línea, Kast destacó en una publicación en redes que “hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz” -el último que lo hizo fue Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955- e hizo un llamado a “construir juntos, el futuro de nuestras naciones”.

No es la primera vez que coinciden Paz y Kast, puesto que este último acudió a la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces La Paz y Santiago han reducido sus relaciones a nivel consular.

Con Información de www.lanacion.cl

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