Con una informalidad que llega al 35,9% y un empleo que prácticamente no crece, el escenario regional abre dudas sobre el alcance de las medidas impulsadas para enfrentar la crisis laboral.

El desempleo volvió a encender las alertas en La Araucanía. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, la tasa de desocupación regional alcanzó un 10,1%. En total, 48.505 personas se encuentran desocupadas, mientras el número de ocupados creció solo un 0,1% respecto a 2025.

El escenario preocupa a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Provincial Cautín, desde donde advierten que las cifras reflejan las dificultades de la región para generar empleos formales y estables.

El informe registró una informalidad de 35,9% y señales de contracción del empleo asalariado privado formal. El comercio perdió un 14,2% de ocupados en doce meses y la industria manufacturera cayó cerca de un 15%. A ello se suma que un 18,7% de personas desempleadas lleva más de un año buscando trabajo, según el Termómetro Laboral de La Araucanía.

Soluciones temporales

Una de las medidas impulsadas para estimular el empleo es el subsidio a la contratación, que entrega bonificaciones a empresas que incorporen nuevos trabajadores por un máximo de cuatro meses, con un límite de 200 beneficios por empleador durante la vigencia del programa.

Desde la CUT Provincial Cautín, su presidenta, Elsa Almonacid Altamirano, cuestionó la efectividad del instrumento: “Como CUT creemos que no basta con generar empleabilidad por empleabilidad. Necesitamos avanzar hacia un Trabajo Decente, formal, estable, con protección social y respeto irrestricto de los derechos laborales”.

“Las empresas pueden acogerse a estos incentivos, pero será solo por algunos meses y, una vez que terminen, la estabilidad y las condiciones de los trabajadores pueden volver a precarizarse”, precisó. Por ello, llamó a avanzar hacia “una solución definitiva y no medidas parche, para evitar que la cesantía vuelva a alcanzar niveles altos”.

La central espera una respuesta que aborde las causas estructurales del desempleo en la región, fortalecer el empleo formal, la actividad productiva y las oportunidades laborales.

La dirigenta también cuestionó que el beneficio se concentre en las empresas y planteó que este debería traducirse en empleos sostenibles y de calidad, “y no en contrataciones que desaparezcan una vez finalizado el beneficio”.

Informalidad y Megarreforma

La discusión también alcanza a la denominada Megarreforma, cuyas disposiciones en materia laboral han generado cuestionamientos respecto de sus posibles efectos sobre la informalidad y las condiciones de los trabajadores.

Al respecto, Ronald Kliebs Yáñez, exseremi de Hacienda de La Araucanía, cuestionó que la informalidad sea abordada mediante una mayor desregulación laboral. “Es preocupante que la Megarreforma enfrente este problema con propuestas que podrían precarizar los derechos laborales. En La Araucanía, la informalidad sigue siendo estructural y se ubica cerca de nueve puntos porcentuales por sobre el promedio nacional. Las políticas públicas para enfrentar esta realidad siguen siendo insuficientes para miles de trabajadores de la región”

Desde la CUT comparten estas aprensiones. “Todo apunta a que estamos en retroceso”, advirtió Almonacid, quien llamó a fortalecer la participación sindical en la discusión pública e impulsar políticas capaces de generar empleos estables y formales.

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Santiago, 10 de agosto de 2026. CGE, compañía de distribución eléctrica, en conjunto con ALTO han intensificado las acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente a los responsables de los delitos de hurto de energía eléctrica.

Según datos de CGE, en los últimos 18 meses (enero 2025 a junio 2026) se han detectado 3.299 casos de hurto de energía a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones del Maule (622 casos); O’Higgins (611) y Metropolitana (608). Le siguen el Biobío (327), la Araucanía (272) y Coquimbo (242[1] ).

A nivel comunal, el ranking lo encabezan Curicó (204 casos), Talca (173), Rancagua (153), San Bernardo (147) y Coquimbo (111), seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán.

Frente a este escenario, ALTO – en representación de CGE- ha desplegado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.297 querellas a nivel nacional, presentadas desde 2024 a la fecha. Esto ha permitido identificar a 161 personas imputadas por este delito y obtener 46 resultados judiciales favorables.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que “el hurto de energía no solo genera un perjuicio económico para la compañía: también compromete la calidad y la seguridad del suministro para miles de clientes que sí cumplen con sus obligaciones. Por eso hemos intensificado, junto a ALTO Chile, las acciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables, reforzando además la seguridad de nuestras redes en las zonas más afectadas”.

Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, señala que “el hurto de energía no solo afecta el patrimonio de la empresa distribuidora: se trata de la intervención de un sistema de medición o de la ejecución de una conexión no autorizada a la red, cuyo costo termina siendo traspasado, en definitiva, al conjunto de usuarios del sistema. No debemos subestimar este delito: cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios, electrocuciones o cortes de suministro, con impacto directo en la seguridad y la calidad del servicio para toda la comunidad”.

En este sentido, el ejecutivo indicó también que “vamos a continuar persiguiendo judicialmente cada uno de estos casos, aunque ello también requiere de la colaboración de la comunidad. Quien detecta un hurto de energía puede, y debe, denunciarlo. Cada condena que obtenemos envía una señal clara de que este delito tiene consecuencias”.

La persecución de este delito ha revelado un “patrón” de actuación organizada en la instalación de empalmes irregulares. “Esto agrega una complejidad adicional a la investigación y refuerza la necesidad de contar con una estrategia probatoria sólida.”, señala Hernández.

ALTO trabaja junto a CGE en la identificación, documentación y judicialización de los casos de hurto de energía, aportando protocolos de investigación y acompañamiento legal para llevar cada causa ante los tribunales con la evidencia necesaria.

“La judicialización efectiva de estos casos requiere evidencia bien recopilada, protocolos de investigación claros y una estrategia legal que sostenga cada causa hasta su término. Nuestro rol es asegurar que cada querella cuente con ese respaldo, y los resultados acumulados muestran que esta estrategia está funcionando”, enfatiza el Gerente Legal de ALTO Chile.

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