Las lluvias extremas, aluviones, nevazones, variaciones en la disponibilidad de agua y movimientos del terreno están configurando un nuevo escenario para la minería chilena. En un sector donde la continuidad operacional depende de la estabilidad de caminos, taludes, tranques de relaves, botaderos e infraestructura crítica, la mayor frecuencia e intensidad de estos fenómenos está llevando a las compañías a replantear cómo gestionan sus riesgos.

Más que responder una vez ocurrido un evento, el desafío comienza a estar en anticiparse a sus efectos y contar con información suficiente para tomar decisiones antes de que una amenaza se transforme en una interrupción operacional. Para Daniel Cleffi, CEO para Latinoamérica de ICEYE, empresa especializada en inteligencia soberana desde el espacio y operadora de la mayor constelación privada de satélites de Radar de Apertura Sintética (SAR) del mundo, esta transformación implica avanzar hacia una gestión basada en información continua del territorio.

“El cambio climático está modificando la naturaleza de los riesgos que enfrenta la minería. Ya no hablamos solamente de eventos conocidos, sino de fenómenos más intensos y menos predecibles. Eso obliga a evolucionar desde una gestión reactiva hacia una capacidad permanente de anticipación”, señala Cleffi.

Del monitoreo periódico a la observación permanente

Uno de los principales cambios que está experimentando la industria es la incorporación de nuevas capas de información para complementar los sistemas tradicionales de monitoreo. Sensores en terreno, estaciones meteorológicas, modelos predictivos, inteligencia artificial y observación satelital comienzan a integrarse para entregar una visión más completa de lo que ocurre en torno a una operación.

En este escenario, los datos geoespaciales adquieren un papel cada vez más relevante. La posibilidad de observar de manera periódica grandes extensiones de territorio permite identificar cambios que pueden pasar inadvertidos en inspecciones puntuales, aportando antecedentes para la gestión de activos críticos y la planificación operacional.

“Así como hoy existen centros de monitoreo para supervisar distintos procesos de una faena, los datos satelitales se están convirtiendo en una nueva capa de inteligencia para entender cómo está cambiando el territorio y detectar señales que permitan actuar con anticipación”, explica el ejecutivo.

La tendencia apunta, por tanto, a que la observación del entorno deje de ser una actividad asociada exclusivamente a situaciones de emergencia y pase a formar parte de los procesos habituales de gestión de riesgos y continuidad operacional.

El siguiente paso de esta transformación está en combinar estas capacidades con inteligencia artificial y modelos analíticos. La tendencia apunta a que las imágenes satelitales dejen de ser únicamente un recurso visual para convertirse en información procesable que permita identificar anomalías, priorizar zonas de riesgo y generar alertas, mediante técnicas como la Detección de Cambios Coherente (CCD), que permite identificar movimientos del terreno imperceptibles a simple vista.

Hacia una infraestructura minera más resiliente

El desafío para Chile, sin embargo, no termina con incorporar nuevas herramientas. La modernización requiere también adaptar protocolos, procesos y sistemas de toma de decisiones para que la información generada por satélites, sensores terrestres y plataformas de análisis pueda integrarse efectivamente a la operación.

A nivel internacional, los datos satelitales están adquiriendo además una dimensión estratégica. La creciente búsqueda de capacidades espaciales soberanas por parte de distintos países responde no solo a la necesidad de monitorear fenómenos climáticos, sino también a la protección de infraestructura crítica, la autonomía tecnológica y la gestión de sectores estratégicos.

En ese contexto, iniciativas como el Centro Espacial Nacional abren nuevas posibilidades para que Chile fortalezca sus capacidades de observación y procesamiento de información sobre su territorio. Esa misma lógica, contar con observación satelital propia y permanente, es la que hoy se traslada también a sectores productivos como la minería, donde la continuidad operacional depende de monitorear el territorio sin interrupciones.

Para Cleffi, el desafío es avanzar hacia una lógica en que distintas fuentes de información puedan operar de manera complementaria. “Más que incorporar una tecnología específica, el desafío es evolucionar hacia una gestión basada en datos, donde la anticipación sea tan importante como la capacidad de respuesta. En un contexto de cambio climático, disponer de información confiable y oportuna será cada vez más determinante para mantener la seguridad, la continuidad operacional y la competitividad de la minería chilena”, concluye.

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Santiago, 10 de agosto de 2026. CGE, compañía de distribución eléctrica, en conjunto con ALTO han intensificado las acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente a los responsables de los delitos de hurto de energía eléctrica.

Según datos de CGE, en los últimos 18 meses (enero 2025 a junio 2026) se han detectado 3.299 casos de hurto de energía a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones del Maule (622 casos); O’Higgins (611) y Metropolitana (608). Le siguen el Biobío (327), la Araucanía (272) y Coquimbo (242[1] ).

A nivel comunal, el ranking lo encabezan Curicó (204 casos), Talca (173), Rancagua (153), San Bernardo (147) y Coquimbo (111), seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán.

Frente a este escenario, ALTO – en representación de CGE- ha desplegado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.297 querellas a nivel nacional, presentadas desde 2024 a la fecha. Esto ha permitido identificar a 161 personas imputadas por este delito y obtener 46 resultados judiciales favorables.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que “el hurto de energía no solo genera un perjuicio económico para la compañía: también compromete la calidad y la seguridad del suministro para miles de clientes que sí cumplen con sus obligaciones. Por eso hemos intensificado, junto a ALTO Chile, las acciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables, reforzando además la seguridad de nuestras redes en las zonas más afectadas”.

Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, señala que “el hurto de energía no solo afecta el patrimonio de la empresa distribuidora: se trata de la intervención de un sistema de medición o de la ejecución de una conexión no autorizada a la red, cuyo costo termina siendo traspasado, en definitiva, al conjunto de usuarios del sistema. No debemos subestimar este delito: cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios, electrocuciones o cortes de suministro, con impacto directo en la seguridad y la calidad del servicio para toda la comunidad”.

En este sentido, el ejecutivo indicó también que “vamos a continuar persiguiendo judicialmente cada uno de estos casos, aunque ello también requiere de la colaboración de la comunidad. Quien detecta un hurto de energía puede, y debe, denunciarlo. Cada condena que obtenemos envía una señal clara de que este delito tiene consecuencias”.

La persecución de este delito ha revelado un “patrón” de actuación organizada en la instalación de empalmes irregulares. “Esto agrega una complejidad adicional a la investigación y refuerza la necesidad de contar con una estrategia probatoria sólida.”, señala Hernández.

ALTO trabaja junto a CGE en la identificación, documentación y judicialización de los casos de hurto de energía, aportando protocolos de investigación y acompañamiento legal para llevar cada causa ante los tribunales con la evidencia necesaria.

“La judicialización efectiva de estos casos requiere evidencia bien recopilada, protocolos de investigación claros y una estrategia legal que sostenga cada causa hasta su término. Nuestro rol es asegurar que cada querella cuente con ese respaldo, y los resultados acumulados muestran que esta estrategia está funcionando”, enfatiza el Gerente Legal de ALTO Chile.

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