Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025

De acuerdo con el catastro de TECHO-Chile, el número de campamentos ha aumentado, sumando más de seis mil familias desde 2023 a 2025.

Los campamentos representan el único aspecto del déficit habitacional que no ha disminuido, lo que revela una situación de precariedad en la vivienda que persiste desde hace cinco años, a pesar de diversas políticas públicas y esfuerzos de organizaciones y del sector privado.

Situación actual según TECHO-Chile

En Chile, 120.584 familias residen en campamentos, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile.

El estudio identificó 1.428 asentamientos de este tipo en todo el país.

Esto marca el nivel más alto desde 1996.

Esto representa un incremento del 10,6% respecto a la última medición.

Se traduce en la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos asentamientos entre 2023 y 2025.

“La carencia de herramientas y opciones efectivas para salir de su situación mantiene a miles de familias estancadas en campamentos. El alto costo de los alquileres, los bajos ingresos y el deseo de independencia son los principales factores que perpetúan esta problemática, extendiendo los plazos de espera por soluciones definitivas a más de diez años”, explicó Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.

La crisis habitacional es preocupante

El 35% de las familias que habitan en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución permanente, según la medición.

Al analizar el déficit habitacional durante las últimas tres décadas, el estudio revela que, desde 2020, todos los componentes del déficit se han reducido o estabilizado.

Sin embargo, el número de hogares en campamentos continúa aumentando constantemente desde 2011.

Además

Entre 2023 y 2025 se cerraron 346 campamentos; sin embargo, menos del 30% de estos cierres han resultado en soluciones habitacionales definitivas.

La mayoría se debe a desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias utilizadas por las familias para encontrar alternativas.

“A pesar de los esfuerzos de Chile para reducir el déficit habitacional en la última década, estos no están logrando incidir en la superación de los campamentos. La mayoría de estas familias sigue sin ser considerada en las políticas públicas. Hoy, los campamentos representan el 17% del déficit habitacional, por lo que no podremos enfrentar la crisis de vivienda sin abordarlos”, agregó Rodríguez.

La organización comunitaria: un recurso social esencial

La organización comunitaria en los campamentos es crucial para avanzar hacia soluciones de vivienda.

Según el catastro

• El 78% de los asentamientos cuenta con una directiva activa.
• El 69,1% tiene un comité de vivienda formalmente constituido, de los cuales el 91% tiene personalidad jurídica.
• El 65% tiene un objetivo de solución habitacional definido.
• Todo esto debería facilitar el acceso a mecanismos estatales como subsidios o mejoras del entorno.

“A pesar del fortalecimiento de la organización en los campamentos, solo el 4% de los asentamientos cuenta hoy con un proyecto habitacional colectivo en ejecución”, explicó Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.

“Esto demuestra que existe un desajuste significativo entre las capacidades de la política habitacional actual y las realidades de estas comunidades; aun reconociendo la importancia de la organización comunitaria, la acción del Estado es fundamental para traducir este capital social en resultados concretos”, añadió.

Condiciones de habitabilidad no permanente y desalojos

A pesar de ciertos avances, la precariedad persiste.

En los campamentos donde las viviendas están más consolidadas, el 60,9% aún carece de acceso regular a servicios básicos como agua potable o electricidad.

En contraste, cerca del 40% de los asentamientos con viviendas más frágiles tienen al menos conexión a fosa séptica, lo que mejora la situación respecto a sistemas más precarios como letrinas o inodoros portátiles.

Esto sugiere que las personas no se están estableciendo de manera definitiva, priorizando entre invertir en su hogar o en conectar servicios.

Por otro lado

El catastro revela que 447 campamentos están bajo amenaza de desalojo, y uno de cada tres ha recibido notificaciones formales o informales de expulsión, lo que afectaría a más de 43.000 familias.

Entre 2022 y 2023, 1.710 familias fueron desalojadas, en la mayoría de los casos sin que existiera una alternativa habitacional adecuada.

Recomendaciones para la política pública

• Ajustar los programas de arriendo:

Actualmente, el arriendo no es una opción viable para la mayoría de las familias en campamentos debido a los bajos montos ofrecidos por los programas estatales en comparación con los altos precios del mercado.

Se sugiere ajustar estos programas a las necesidades económicas de esta población.

• Diversificar las soluciones:

Esto implica, por ejemplo, crear viviendas variadas que respondan a diferentes tamaños, funcionalidades y costos.

• Fomentar soluciones habitacionales transitorias:

El crecimiento de la población migrante, el aumento de hogares unipersonales y el envejecimiento poblacional, entre otros factores, subrayan la necesidad de diversificar la oferta de vivienda según las necesidades de cada grupo.

Es fundamental dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional, asegurando una respuesta proporcional a la proporción de los campamentos dentro del déficit habitacional.

El próximo Gobierno debe continuar con este plan, pero es esencial incorporar programas de apoyo a los campamentos de manera más decidida.

Dado que el 17% del déficit habitacional corresponde a familias en campamentos, esto debería reflejarse en el diseño de soluciones adecuadas.

Revisar el programa de Asentamientos Precarios:

El programa de Asentamientos Precarios, destinado a campamentos, fue originalmente diseñado para transferir recursos a las municipalidades.

Sin embargo, ante la magnitud del problema, se incluyó la participación del sector privado.

A raíz del Caso Convenios, esta modalidad fue suspendida, lo que ha ocasionado la paralización de acciones fundamentales como diagnósticos y mejoras, esenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales para familias en el déficit habitacional.

La baja ejecución presupuestaria registrada en 2023 evidencia la necesidad de reconsiderar este programa, que ha enfrentado recortes sucesivos en su presupuesto, a pesar del aumento general en recursos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Es crucial identificar zonas que incentiven la construcción de viviendas de interés social durante la elaboración de los Planes Reguladores Comunales, ya que son ellos quienes planifican nuestras ciudades.

Para abordar la crisis habitacional, es necesario abandonar un enfoque reactivo de la planificación urbana, adoptando uno proactivo que anticipe las futuras necesidades de vivienda, especialmente para grupos vulnerables.

Además, se deben explorar formas más eficientes de aprovechar el suelo urbano ya disponible, promoviendo áreas de resguardo e invirtiendo en proyectos de regeneración urbana y recuperación de espacios vacíos.