La querella del Gobierno de Santiago permitió desarticular una banda criminal que se robó $750 millones en el Caso Zumba.
Esto pasó bajo la gestión del exintendente Felipe Guevara.
“Después de casi cuatro años de haber denunciado el caso Zumba a la Contraloría y a la justicia, hoy vemos un avance importante”, comentó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.
Gracias a una larga investigación, el Ministerio Público formalizó a 6 personas por delitos de asociación ilícita criminal, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y lavado de activos, quienes fueron querellados por el Gobierno Regional de Santiago.
De esos seis detenidos, cuatro quedaron en prisión preventiva.
La investigación, impulsada por el Gobierno Regional de Santiago desde septiembre de 2022, dio un paso crucial para desmantelar una organización criminal que desviaba recursos del Estado usando ONGs como fachada.
Este proceso judicial fue promovido activamente por el Gore Metropolitano y fue investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Los hechos fueron detectados por el equipo actual del Gobierno Regional de Santiago, liderado por el gobernador Claudio Orrego, apenas asumieron, al revisar proyectos de la administración del ex intendente Felipe Guevara.
Estas iniciativas mostraban indicios de duplicidad, sobreprecios y conexiones personales entre las entidades ejecutoras.
En su momento, se presentaron querellas, se iniciaron sumarios y se pidió formalmente la intervención de la Contraloría.
Después de una larga investigación, el Ministerio Público formalizó a seis imputados por delitos de asociación ilícita, obtención fraudulenta de subvenciones y lavado de activos.
Cuatro de los seis permanecen en prisión preventiva.
El gobernador Claudio Orrego destacó que “hoy, a cuatro años de denunciar este vergonzoso caso Zumba, estamos viendo avances reales. La captura de seis individuos, cuatro de ellos en prisión, confirma nuestras sospechas de un grave fraude, asociación ilícita y apropiación indebida de fondos que son de todos los santiaguinos.
Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: “no vamos a parar hasta que estos responsables paguen por sus actos y recuperemos hasta el último peso que pertenece a la ciudad”.
Acciones del Gobierno de Santiago
Fueron clave para alcanzar este logro, ya que la detección temprana de los hechos y las querellas presentadas por el Gobierno Regional permitieron abrir una línea investigativa sólida. Esta fue acompañada de acciones estratégicas, como la incautación anticipada de fondos, comparación de boletas y documentos bancarios, y recopilación de datos financieros que probaron que los proyectos, como un “masivo de zumba” durante la cuarentena, nunca se llevaron a cabo y solo servían para apropiarse de recursos públicos.
Imputación y medidas cautelares
Jorge Arcos, señalado como el principal responsable de la red, fue tesorero de la ONG RCKLT, presidente de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida y tesorero de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras.
Fue acusado de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos.
El tribunal fijó una caución de $80 millones.
Manuel Zapata, presidente de la ONG RCKLT, fue imputado por los mismos delitos y también enfrenta una caución de $80 millones.
Jaime Bravo, considerado el líder operativo de la asociación ilícita, fue acusado de asociación ilícita y fraude, con una fianza de $30 millones.
Jorge Castillo fue formalizado por asociación ilícita y fraude, con una caución de $25 millones.
Todos los mencionados quedan en prisión preventiva hasta que paguen las cauciones correspondientes, con un plazo de 180 días para cumplir.
Mientras tanto, Cecilia Yáñez, expresidenta de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida, y Jorge Toro deberán cumplir con medidas cautelares: firma semanal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.
Modus Operandi
El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Miguel Ángel Orellana, explicó que la red criminal usaba distintas personas jurídicas (ONGs y empresas existentes), que cumplían los requisitos legales para acceder a fondos públicos.
Usaron estas entidades para adjudicarse cuatro proyectos por un total de 750 millones de pesos entre 2020 y 2021 en la ex intendencia de Felipe Guevara, muchos de ellos relacionados con economía circular en centros penitenciarios y servicios comunitarios, sin que realmente se llevaran a cabo.
La investigación reveló una estructura jerárquica con roles específicos: algunos miembros se encargaban de crear lazos con instituciones públicas, otros gestionaban cuentas bancarias y otros administraban empresas vinculadas que ayudaron a desviar recursos fiscales hacia el patrimonio personal de los acusados.
Los hechos fueron calificados por el Ministerio Público como delitos de asociación ilícita, subvención fraudulenta y lavado de activos.
Con Información de portalmetropolitano.cl
