La investigación tiene como objetivo establecer si se vulneraron las normas de confidencialidad en el caso Sierra Bella, a raíz de la filtración de conversaciones entre la exalcaldesa Hassler y la diputada Karol Cariola.
Dichas conversaciones, recuperadas por la PDI, fueron extraídas del teléfono de Hassler e incluyen mensajes que critican al gobierno del presidente Gabriel Boric y realizan señalamientos sobre otras figuras políticas. La Fiscalía analizará si la divulgación no autorizada de estos mensajes infringe el artículo 182 del Código Procesal Penal, que protege la privacidad de la información en una investigación.
Adicionalmente, la Fiscalía ha señalado que la difusión de información privada podría interferir en el desarrollo de la investigación y afectar la dignidad de los involucrados. En este contexto, se busca clarificar si la divulgación de estos mensajes, considerados irrelevantes para el proceso penal, se ajustó a los límites legales establecidos. La Fiscalía también subrayó que únicamente la información pertinente para el caso debería ser divulgada.
Este incidente ha provocado una intensa controversia en el panorama político, especialmente entre el Partido Comunista y el oficialismo. Ambos han cuestionado la relevancia de hacer públicos detalles privados de una investigación que no están directamente relacionados con el caso.
Entre las filtraciones, Cariola critica al presidente Boric, a quien se refiere como “P”. Asimismo, la diputada realiza comentarios despectivos sobre otras figuras del gobierno, incluyendo a la ministra Camila Vallejo y al exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.
En respuesta, varios miembros del Partido Comunista, tales como las diputadas Carmen Hertz y Luis Cuello, así como el exalcalde Daniel Jadue, han denunciado lo que consideran una “operación política” contra Cariola. Por otro lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha enfatizado que únicamente debe hacerse pública la información relevante para el proceso penal.
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