El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, llevó a cabo diversas diligencias en la investigación vinculada a la arista ProCultura, que forma parte del conocido «Caso Convenios».
De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, estas acciones se desarrollaron en la región de Ñuble, con el apoyo de un equipo de detectives de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones, liderado por uno de los fiscales del equipo de Cooper.
Específicamente, fueron citadas a declarar 19 personas, incluyendo a funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, representantes de la Fundación ProCultura y de una consultora. Entre los citados se encontraba el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), quien fue convocado en calidad de imputado.
Es importante mencionar que su solicitud de desafuero fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Chillán el pasado 15 de octubre.
Durante la diligencia, Crisóstomo optó por ejercer su derecho a permanecer en silencio, al igual que otros seis funcionarios convocados. No obstante, los investigadores pudieron obtener el testimonio de 10 de las personas citadas, mientras que la declaración de otros dos fue reprogramada.
Estas diligencias se suman a las realizadas en las últimas semanas en nueve comunas de la región Metropolitana y en la región del Biobío, donde se llevaron a cabo incautaciones de varios equipos tecnológicos, nubes informáticas y bases de datos de correos electrónicos, entre otros.
En esa ocasión, también se confiscaron dispositivos tecnológicos al fundador de la ONG ProCultura, Alberto Larraín.
Esta arista de la investigación se enfoca en la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
(Imagen: Gobierno Regional de Ñuble)
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