Más de dos meses después del trágico accidente entre el buque industrial Cobra, de la empresa Blumar, y la embarcación artesanal Bruma, el dolor persiste en las familias de los siete pescadores que aún están desaparecidos. A la espera de respuestas se suma una grave denuncia sobre irregularidades, posibles encubrimientos y preocupantes vínculos entre autoridades y sectores privados.
Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y portavoz de los afectados, cuestionó la transparencia del proceso de investigación en una entrevista con La Prensa de Curicó. “Nos advirtieron que Blumar ha financiado campañas políticas y que almirantes terminan trabajando allí,” afirmó, sugiriendo una posible complicidad entre el sector institucional y la compañía pesquera.
Las críticas también se dirigen al Ministerio Público. “La fiscal Cartagena es muy amiga del abogado que representa a Blumar, Alejandro Espinoza,” acusó Urrutia, planteando interrogantes sobre la independencia de la investigación. “La Fiscalía no está cumpliendo con su deber,” agregó.
Según la vocera, la Bruma se encontraba dentro del área de pesca artesanal, a menos de cinco millas de la costa, cuando fue impactada. “Nos percatamos de inmediato de que algo grave había ocurrido. La lancha tenía una antena Starlink, pero desde la madrugada del 30 de marzo no hubo más señal,” relató.
El seguimiento posterior de las embarcaciones a través del sistema del Servicio Nacional de Pesca mostró una coincidencia crucial: “A las 04:30 horas del 03 de abril accedí al sistema… el único barco que coincidía en tiempo, dirección y velocidad con la posición de la Bruma era el Cobra,” afirmó.
En la actualidad, los familiares denuncian retrasos injustificados en las pericias y critican la estrategia de defensa de la empresa, que intentaría culpar a la tripulación de la Bruma. “Tenemos las pruebas que demuestran que se cumplió rigurosamente con la normativa vigente,” concluyó Urrutia.
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