Después de una jornada caracterizada por allanamientos simultáneos y un notable despliegue policial, se descubrió una compleja red de corrupción en el interior de las cárceles de siete regiones del país. Lo que debería ser un sistema cerrado y bajo control estatal ha revelado ser una vía de acceso para el crimen organizado, resultando en la detención de 66 personas, incluyendo 44 funcionarios de Gendarmería, acusados de facilitar la entrada de productos ilegales a los recintos penitenciarios.
El operativo, conocido como «Apocalipsis», movilizó a cerca de 500 efectivos policiales y logró desarticular una red de corrupción que empleaba el sistema de encomiendas para introducir artículos prohibidos en las cárceles, a cambio de sobornos que superarían los $6.300 millones. Este ha sido uno de los golpes más contundentes recibidos en los últimos años contra las estructuras ilegales dentro del sistema penitenciario chileno.
El alcance de este caso fue analizado por Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, quien advirtió en una conversación con Puranoticia.cl que el fenómeno del crimen organizado ha conseguido infiltrarse más allá de los muros de las cárceles, buscando cooptar instituciones estratégicas y transformarlas en centros de operación.
«Este tipo de situaciones ya han ocurrido en Ecuador y podrían estar sucediendo en Perú. Las organizaciones criminales buscan cooptar a funcionarios públicos en los lugares donde operan. Es decir, las cárceles han dejado de ser espacios donde termina el delito, y se convierten en puntos de inicio si no se establece un correcto control estatal», comentó el experto.
En este marco, Toledo, exfiscal y exdirector de la Unidad Antidrogas, fue crítico con la forma en que se aborda el problema a nivel nacional, subrayando las deficiencias en el discurso y la acción institucional. Además de cuestionar las «comunicaciones ambiguas» en este tema, señaló que la corrupción en las cárceles no solo genera ganancias ilícitas significativas, sino que también facilita la cooptación de funcionarios públicos fuera de los muros penitenciarios.
«La corrupción puede darse en Gendarmería, en Aduanas, en lugares territoriales como Carabineros, en la Fiscalía, e incluso en tribunales. Si el país no considera la corrupción como un asunto prioritario (…) me parece que seguiremos rezagados», analizó. Al ser consultado sobre posibles soluciones para enfrentar esta situación, el académico propuso varias medidas estructurales. Primero, destacó la necesidad de segmentar adecuadamente a la población penal, diferenciando perfiles y niveles de riesgo. «No es aceptable que aún existan estos agrupamientos ineficaces, donde se mezclen primerizos con personas imputadas sin historial delictual, o a quienes están en prisión preventiva y personas históricamente vinculadas a organizaciones criminales», puntualizó el académico de la Universidad San Sebastián.
En segundo lugar, sugirió especializar los recintos penitenciarios, asignando algunos de ellos a internos conectados con la criminalidad organizada bajo regímenes de mayor control. Además, mencionó la importancia de implementar tecnología con mecanismos de vigilancia eficaces, considerando que incluso estos sistemas han sido vulnerados por la red desmantelada. «Sí a la tecnología, pero con algún grado de supervisión sobre sus resultados. Por ejemplo, los gendarmes que tengan contactos con organizaciones criminales podrían usar cámaras corporales que registren sus interacciones y aseguren que están bajo vigilancia».
Finalmente, el director del Cescro propuso una redefinición profunda del rol de Gendarmería y sus funciones dentro del sistema penitenciario. «Deberíamos avanzar hacia una función pública que, aunque no necesariamente sea una policía penitenciaria, distinga claramente entre las funciones de custodia y de reinserción. Gendarmería tiene dos funciones, y esa de reinserción debe ser totalmente separada, ya que se rige por principios diferentes. La seguridad y el control necesitan estar bajo otros principios, dentro del propio Ministerio de Seguridad», concluyó el abogado.
En conclusión, el amplio operativo «Apocalipsis» en siete regiones no solo destapó una red de corrupción de gran impacto, sino que también reavivó el debate sobre el control que el Estado ejerce en las cárceles de nuestro país y el peligro de que el crimen organizado continúe consolidando espacios clave para sus operaciones.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
