La Cámara de Diputados ha dado su aprobación a la partida presupuestaria para la Presidencia de la República correspondiente al año 2025, incluyéndose una controvertida disposición que estipula que el Presidente, así como los ministros y subsecretarios, deberán someterse a un control de drogas semestralmente.
El presupuesto destinado a la Presidencia se mantiene con una variación del 0% en comparación con el año actual. Sin embargo, se prevé un incremento en los gastos de personal, los cuales se equilibran gracias a una reducción en las transferencias corrientes. También se asignan recursos para la operación y el mantenimiento del Palacio de La Moneda, la residencia presidencial en Cerro Castillo y el edificio Moneda Bicentenario.
Durante el debate, algunos diputados expresaron su descontento con los fondos destinados a la contratación de personal a honorarios (un total de 102 personas para apoyar las actividades presidenciales), lo que genera inquietudes considerando que será un año electoral. También cuestionaron el presupuesto para Cerro Castillo.
Posteriormente, la Sala aprobó tres indicaciones parlamentarias. La primera, presentada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), establece que el Presidente de la República, junto a sus ministros de Estado y subsecretarios, deben realizarse un control semestral del consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales.
Aunque inicialmente la mesa había declarado inadmisible esta indicación, la Sala la consideró válida con 75 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Finalmente, la indicación fue aprobada con 81 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones. Entre los que votaron a favor figuraron la presidenta de la Cámara, Carol Kariola (PC), y los oficialistas Jaime Araya, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales.
Coloma argumentó que «así como los diputados nos hemos sometido a estos exámenes desde hace tiempo, no encontramos razón para que el Presidente y su gabinete no lo hagan también». Después de la aprobación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, elevó una reserva de constitucionalidad.
También se respaldó una indicación de los diputados RN Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum que establece que no se podrá exigir al personal de apoyo de la Presidencia que realice jornadas laborales que pongan en riesgo su salud física o mental. Ante un eventual fallecimiento o enfermedad grave, la Dirección Administrativa de la Presidencia deberá llevar a cabo una investigación sumaria, informando a la familia, a la Contraloría y a la Inspección del Trabajo. Esta medida se basa en la muerte de un gasfiter en La Moneda tras extensas jornadas laborales.
Finalmente, se aprobó la indicación del diputado Luis Sánchez (republicano), que establece que las personas contratadas con recursos de la Presidencia tendrán la consideración de agentes públicos a todos los efectos legales, incluyendo la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivarse de su desempeño.
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