En el contexto de la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2025 y la asignación de recursos al Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados ha aprobado una indicación presentada por la Bancada de la UDI, que establece que todos los estudiantes sancionados por cometer actos graves de violencia durante su trayectoria escolar no tendrán acceso a la gratuidad en la educación superior.
Esta propuesta, impulsada por los parlamentarios de la UDI, fue respaldada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, y ahora avanza a su segundo trámite constitucional en el Senado.
En términos específicos, la indicación, denominada “Aula Segura 2.0”, estipula que “los alumnos que sean sancionados por conductas extremadamente violentas durante los dos últimos años de educación media, incluyendo agresiones de tipo sexual, lesiones, así como el uso, porte y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no podrán acceder al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.
Este tema reviste especial importancia a la luz de recientes episodios de violencia ocurridos en el país, como el grave incidente en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), donde 36 estudiantes sufrieron heridas graves, con cuatro de ellos en riesgo vital debido a la manipulación de bombas molotov que iban a ser utilizadas en manifestaciones.
Los defensores de esta medida, los diputados de la UDI Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, expresaron que es “fundamental” negar el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes sancionados por actos violentos.
“Es completamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por tales actos pueda, al año siguiente, acceder a la gratuidad en la enseñanza superior, financiada por los impuestos de todos los chilenos. Una persona que, en lugar de estudiar, se dedica a participar en actos de esta naturaleza, privando a muchos alumnos de su derecho a la educación, no merece ningún beneficio estatal. Por eso presentamos esta indicación, para impedir que los estudiantes sancionados bajo el marco de Aula Segura, así como los llamados ‘overoles blancos’ y encapuchados, continúen perjudicando a nuestro sistema”, afirmaron los miembros de la UDI.
Asimismo, Bobadilla y Cornejo cuestionaron la decisión de la diputada Daniela Serrano (PC) de reservar constitucionalidad sobre la indicación, recordando que incluso algunos parlamentarios del oficialismo, incluida Karol Cariola (PC), Presidenta de la corporación, votaron a favor.
“Si realmente deseamos proteger la educación pública y eliminar del sistema a los delincuentes y violentistas, no podemos seguir financiando su educación superior. Es lo mínimo que podemos hacer en defensa de todos los estudiantes y apoderados que han luchado por acceder a una educación de calidad. Resulta muy lamentable que algunos diputados del gobierno se opongan a esta medida”, cuestionaron.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
