Nicolás Salhus. Abogado Laboralista. Magíster en Arbitraje. Ex Inspector Provincial del Trabajo de Talca.
La Dirección del Trabajo (DT) ha introducido un nuevo Procedimiento de Fiscalización que comenzó a regir en enero de 2026, con el objetivo de modernizar y agilizar el control del cumplimiento laboral. Sin embargo, como abogado especializado en temática laboral, me preocupa que esta tendencia hacia una formalización electrónica excesiva esté desviando el enfoque de la fiscalización, priorizando formularios por encima de la realidad. Este cambio contradice un principio fundamental del derecho laboral: la supremacía de la realidad.
¿Dónde se evidencia esta problemática? En la expansión del Registro Electrónico Laboral, donde el empleador ahora tiene la obligación de cargar y mantener en línea contratos, anexos, términos de contrato, comités bipartitos y paritarios, así como el libro de remuneraciones electrónico. Además, deben registrar un correo oficial para notificaciones, todo esto a través de la web de la DT. Para las grandes empresas, podría ser una molestia, pero para las pymes, representa un gran obstáculo: tiempo adicional, asesorías externas, costos tecnológicos y el riesgo de sanciones por meras formalidades, aún cumpliendo puntualmente con el pago de sueldos y cotizaciones.
La normativa distingue entre infracciones formales, que son incumplimientos de trámite, e infracciones materiales, que afectan el contenido esencial de los derechos. Aunque esta distinción es válida, la forma en que está estructurado el sistema fomenta que el tiempo—tanto público como privado—se dedique a lo formal, en detrimento de la protección real de los derechos en el lugar de trabajo. Como resultado, se imponen multas por procedimientos administrativos, mientras que las prácticas abusivas pueden continuar sin ser detectadas tras un portal que parece ordenado.
Es importante recordar que la fiscalización presencial es insustituible. El inspector debe visitar los lugares de trabajo, revisar documentación en sitio y mantener conversaciones privadas con los trabajadores. Es en el entorno laboral donde se evidencian jornadas reales, horas extra efectivamente pagadas, condiciones de higiene y seguridad, así como ambientes libres de acoso. Ninguna plataforma digital puede capturar estas realidades por sí sola. Si el Estado destina recursos desproporcionados a auditar si “todo está en línea”, está sacrificando el control sobre lo que realmente ocurre.
No estoy en contra de la digitalización; bien implementada, puede reducir asimetrías de información, generar trazabilidad y simplificar procesos administrativos. Sin embargo, la tecnología debe ser un medio y no un fin. El verdadero objetivo de la DT es proteger los derechos en la práctica, y para ello es necesario encontrar un equilibrio.
Propongo cuatro ajustes concretos:
- Simplificación para pymes. Formularios unificados (“una sola vez”), plantillas inteligentes y asistencia técnica gratuita. La carga administrativa debe ser proporcional a la capacidad del empleador, manteniendo estándares de protección.
- Proporcionalidad en las sanciones. Para infracciones formales sin daño real, se debe optar primero por correcciones asistidas y plazos razonables; las sanciones deben reservarse para afectaciones materiales de los derechos.
- Prioridad al terreno. Establecer metas institucionales que midan resultados materiales (cotizaciones pagadas, jornadas cumplidas, seguridad y salud efectivas), utilizando la digitalización para priorizar visitas en lugar de sustituirlas.
- Mejora del sistema electrónico. No se debe trasladar al empleador el costo de fallas del propio Estado; si el sistema oficial tiene problemas o resulta ineficiente, no se puede exigir que la pyme asuma esa carga.
La modernización de la DT solo será efectiva si reafirma lo esencial: en el ámbito laboral, los hechos son los que cuentan. La nueva normativa debe implementarse con este enfoque: menos énfasis en los formularios, más control sobre la realidad. De esta manera, se honoran la legalidad, la eficiencia y, sobre todo, la razón de ser de la fiscalización: garantizar condiciones de trabajo dignas y justas.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
