El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha compartido información sobre el número de querellas presentadas, las sentencias condenatorias y otros aspectos relacionados con las víctimas del estallido social, así como las acciones de los agentes del estado en los días posteriores.
En este contexto, se han interpuesto 3.233 querellas en representación de 3.828 víctimas, de las cuales la justicia ha emitido 42 sentencias condenatorias, ya en estado ejecutoriado hasta el 31 de julio.
La institución calificó esta cifra como «preocupante», dado que ya han transcurrido 5 años desde que se registraron numerosas y graves violaciones de derechos humanos, y porque “un porcentaje significativo de las causas está a punto de prescribir según los plazos legales”.
Desde el INDH consideran que la situación actual de la justicia en Chile ha afectado los tiempos de tramitación de estas causas, además de señalar la falta de recursos de las instituciones auxiliares de justicia.
Del total de las víctimas, 2.852 son hombres (75%) y 973 son mujeres (25%), con solo tres casos sin información en este aspecto.
En total, 3.640 víctimas reportaron algún tipo de lesión, de las cuales 227 sufrieron lesiones oculares, según indica el informe. Además, siete personas perdieron la vida.
En la desglose de los datos, se reporta que 1.481 víctimas pertenecen a uno o más grupos protegidos por la ley, de las cuales 603 eran niños, niñas o adolescentes.
Además, el 20% de las mujeres denunció haber sufrido algún tipo de violencia sexual, como violación, amenaza de violación, tocaciones o desnudamientos, siendo este porcentaje casi el doble en comparación con los hombres.
En total, se han registrado 5.581 hechos de vulneración. Las agresiones físicas directas son las más comunes, con 2.095 casos, seguidas de denuncias por disparos (1.887) y desnudamientos (386).
Según el INDH, la mayoría de estos hechos (3.958) ocurrieron en espacios públicos, mientras que 745 incidentes tuvieron lugar en lugares de custodia y 592 en vehículos de traslado.
Desde la institución explicaron que las vulneraciones denunciadas durante el estallido social comparten un factor común: «Ocurrieron en espacios donde resulta complicado reunir los medios de prueba», como en lugares de detención o durante enfrentamientos callejeros.
Esto dificulta la determinación de responsabilidades, lo que podría explicar por qué solo 42 de las 3.233 querellas presentadas por el organismo han resultado en condenas y sentencias ejecutoriadas.
El jefe (s) de la Unidad de Protección del INDH, David Bahamondes, comentó que este análisis revela que «la impunidad ha sido la norma en los resultados de la mayoría de los procesos judiciales. Además de la obligación de impartir justicia y verdad, persiste la necesidad de reparar el daño a las víctimas».
Asimismo, agregó que «el acceso a la justicia es una responsabilidad del Estado hacia las víctimas, especialmente hacia aquellas que han sufrido daños físicos permanentes (…). En contraposición, la impunidad en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis es una mala señal para el país«.
En este sentido, Bahamondes destacó que «solo a través de la justicia, la verdad y la reparación, se puede trabajar para evitar la repetición de estos hechos en el futuro. Solo mediante el respaldo absoluto a los Derechos Humanos podremos construir la sociedad democrática que el país necesita».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
