La Contraloría General identificó serias irregularidades en los servicios de salud responsables de la destrucción de drogas incautadas, con retrasos que alcanzan hasta 384 días en procesos críticos.
La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría en 10 de los 29 servicios de salud encargados de recibir y destruir drogas incautadas, encontrando graves deficiencias en sus procedimientos. En ciertos casos, las sustancias permanecieron sin protección durante hasta 288 días, muy por encima del límite legal de 24 horas. Además, su eliminación experimentó retrasos de hasta 31 días, lo que expone a los centros a serios riesgos de seguridad.
Asimismo, numerosos centros carecen de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de estas sustancias, debiendo ubicarlas en oficinas, estantes y pasillos, lo que compromete tanto la seguridad del personal como la preservación de los decomisos. También se evidenció la falta de hornos especializados para la destrucción de drogas.
La auditoría puso de manifiesto que, en algunas ocasiones, los servicios de salud se tomaron hasta 384 días en notificar a la Fiscalía sobre la destrucción de los estupefacientes, incumpliendo el plazo legal de cinco días. Esta situación genera procesos poco transparentes que facilitan posibles pérdidas o robos.
Por otra parte, el informe reveló que una Unidad de Decomiso experimentó el robo de 957 muestras de cannabis no analizadas, evidenciando graves fallas de seguridad, como la falta de cámaras y puertas blindadas. Estas irregularidades, junto con el incumplimiento de normas, subrayan la urgente necesidad de reformas estructurales.
Finalmente, se documentaron 422 retrasos en el proceso de incineración de drogas, acumulando más de 11 toneladas de sustancias ilícitas a la espera de ser destruidas. Las visitas de inspección realizadas por altos funcionarios confirmaron que estas deficiencias ponen en riesgo el cumplimiento de la Ley 20.000, que regula el tráfico de estupefacientes.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
