Con 116 votos a favor, la Cámara de Diputados ha despachado a ley el proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, abarcando también aquellos relacionados con telecomunicaciones.
La iniciativa surgió de una moción presentada por senadoras y senadores, a la cual la Cámara realizó varias modificaciones para ampliar la propuesta. El Senado, sin embargo, rechazó estos cambios, lo que llevó a la formación de una comisión mixta para resolver las discrepancias.
En esta fase, se acordó mantener en términos generales la propuesta del Senado de actualizar el concepto de telefonía a telecomunicaciones y aumentar las penas por robo, hurto o receptación de cables. Además, se incluyeron las agravantes y los cambios a la Ordenanza de Aduanas que había propuesto la Cámara.
La normativa aprobada establece las siguientes modificaciones al Código Penal:
- Incorpora a las leyes que sancionan el robo, hurto y receptación de cables, los referentes a las Telecomunicaciones.
- Incrementa la sanción si el robo o hurto interrumpe un servicio público o domiciliario.
- Incluye como agravante el simular ser empleado de una empresa proveedora de dichos servicios.
- Modifica la Ordenanza de Aduanas para fortalecer la lucha contra el contrabando.
Respecto a las sanciones penales, se establece que si el robo afecta a un gran número de usuarios en una comunidad, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años).
Además, se considera como agravante en los delitos de robo o hurto de elementos pertenecientes a redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, el actuar simulando ser trabajador de una empresa proveedora o usar información obtenido como tal.
Asimismo, se modifica el artículo 485, que impone una pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo a quienes causen daños significativos (superiores a 40 UTM), incluyendo aquellos que interrumpan o interfieran con servicios públicos o domiciliarios, como electricidad, gas, agua, alcantarillado, recolectores de aguas pluviales o telecomunicaciones.
También se incluye un cambio en la Ordenanza de Aduanas, relativo al contrabando, que sanciona a quienes hagan declaraciones engañosas sobre mercancías de exportación o salidas del país. Esto contempla a aquellos que utilicen de forma maliciosa certificaciones o análisis falsos o que adulteren la información sobre el origen de las mercancías.
Finalmente, el texto aprobado sanciona a los empleados públicos que faciliten la comisión de delitos relacionados con el contrabando en el desempeño de sus funciones, aplicándoseles penas equivalentes a las de los autores del delito.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
