Piero Soto Rivas
Académico U. Central
Hoy, el ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco calificó de “populismo puro” la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda.
Esa afirmación, aunque contundente, resulta profundamente limitada. Reduce un debate complejo a una mera consigna y se basa en una premisa que no se sostiene frente a la realidad: asumir que ser propietario de una vivienda implica, por definición, contar con un elevado patrimonio y una situación económica holgada.
En Chile, hay un vasto segmento de la población —incluyendo a la clase media, adultos mayores y familias que han adquirido su vivienda a través de grandes sacrificios y endeudamiento— cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que el avalúo fiscal. Para estas personas, el incremento constante de las contribuciones representa una tensión real y continua sobre presupuestos ya ajustados. El valor de la vivienda «en papel» no refleja su verdadera capacidad de pago. No se trata de acumulación patrimonial ni de ingresos de propiedades, sino de la realidad de muchos hogares.
El sistema actual, además, genera distorsiones significativas: encarece la decisión de compra, aumenta la incertidumbre a largo plazo y afecta especialmente a aquellos que intentan convertirse en propietarios por primera vez. En un país con un déficit habitacional crónico, desestimar estos efectos no es una postura neutral, sino una falta de atención política.
Es evidente que la política tributaria debe ser responsable y fiscalmente viable. Sin embargo, cuando la técnica se utiliza para evadir la equidad, deja de cumplir su función. Impuestos permanentes sobre la vivienda principal —que no es un lujo ni un activo especulativo, sino el principal resguardo patrimonial de millones de familias— terminan generando efectos regresivos, a pesar de presentarse como fiscalmente «correctos».
Discutir sobre exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. Lo realmente populista es clausurar el debate desde una supuesta superioridad técnica y patrimonial, ignorando la realidad de quienes no tienen los márgenes económicos necesarios para sostener este tipo de juicios.
La pregunta central es clara y legítima: ¿queremos un sistema tributario que recaude sin considerar sus consecuencias, o uno que sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese —y no otro— es el debate que realmente merece la pena abordar.
Con Información de osornoenlared.cl
