Escribe Piero Soto Rivas, Académico U. Central.
Hoy, el ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ha calificado la propuesta de eliminar las contribuciones para la primera vivienda como “populismo puro”. Esta afirmación, aunque contundente, resulta ser bastante superficial. Simplifica un debate complejo a un eslogan y se basa en una premisa que no se sostiene frente a la realidad: asociar la propiedad de una vivienda con un alto patrimonio y solvencia económica no es correcto.
En Chile, hay un gran número de personas —desde la clase media hasta adultos mayores y familias que han adquirido su vivienda mediante esfuerzo y endeudamiento— cuyos ingresos no aumentan con el mismo ritmo que el avalúo fiscal. Para ellas, la constante subida de las contribuciones no es una cuestión teórica o ideológica, sino una carga constante sobre finanzas ya ajustadas. El valor de la vivienda “en el papel” no refleja su capacidad real de pago; aquí no hablamos de acumulación patrimonial ni de rentas inmobiliarias, sino de hogares.
El sistema actual, además, genera distorsiones significativas: encarece la decisión de compra, añade incertidumbre a largo plazo y penaliza especialmente a quienes intentamos convertirnos en propietarios por primera vez. En un país con un déficit habitacional crónico, minimizar estos efectos no es neutralidad técnica, es desatención política.
Desde luego, la política tributaria debe ser responsable y sostenible fiscalmente. Sin embargo, cuando lo técnico se utiliza como justificación para eludir la equidad, deja de cumplir su cometido. Imponer gravámenes de forma permanente a la vivienda principal —que no es un bien de lujo ni un activo especulativo, sino el principal resguardo patrimonial de millones de familias— termina resultando en efectos regresivos, aunque se presente como fiscalmente correcto.
Plantear exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. Populista es cerrar el debate a partir de una supuesta superioridad técnica y patrimonial, ignorando la realidad de aquellos que no cuentan con márgenes económicos para formular este tipo de juicios.
La cuestión central es clara y legítima: ¿buscamos un sistema tributario que recaude sin considerar sus efectos, o uno que también sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese —y no otro— es el debate que realmente merece la pena llevar a cabo.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
