Vecinos y organizaciones están alzando la voz ante el SEA para exigir una revisión de seguridad independiente antes de que se realice el traslado de material al tranque Las Tórtolas, en la comuna de Colina.
En abril de 2023, el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric le dio el visto bueno a la expansión del proyecto “Los Bronces Integrado” de Anglo American, a pesar de los daños reportados debido al túnel que atraviesa el glaciar La Paloma.
Para seguir adelante, la minera debe responder a más de 300 observaciones, entre ellas el retiro de los relaves Pérez Caldera I y II en Lo Barnechea. Estos depósitos representan un riesgo de colapso, tal como ocurrió en 1987, cuando estuvieron a un pelo de desbordarse por lluvias intensas.
La nueva controversia en torno a la minera y su proyecto Los Bronces Integrado surgió cuando se supo que planean trasladar 48 millones de toneladas de residuos mineros desde el tranque Pérez Caldera en Lo Barnechea hasta el relave Las Tórtolas, en Colina, sin incluir la Revisión Independiente de Seguridad de Presas (DSR), que es un requisito según normativas internacionales y por el Decreto Supremo 248/2007 del SERNAGEOMIN.
Según informó El Ciudadano, los vecinos, junto a diversas organizaciones sociales y ambientales, presentaron este martes una reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para frenar el avance del proyecto sin la debida revisión técnica. Esta medida busca asegurar que se evalúen los riesgos asociados al traslado de estos desechos tóxicos, protegiendo así al medioambiente y a las comunidades locales.
Riesgos ambientales y falta de transparencia
Los relaves Pérez Caldera I y II, cuyo retiro fue ordenado en 1989 y debía completarse en un plazo de 25 años que ya venció en 2015, representan un serio riesgo geológico y ambiental. Están situados sobre la cuenca del río San Francisco, afluente del Mapocho, cerca de la falla geológica de San Ramón, que es una fractura activa con potencial sísmico.
En invierno de 1987, el tranque estuvo a solo 50 centímetros de alcanzar su capacidad máxima, lo que obligó a evacuar la zona debido al peligro de colapso. Además, estos relaves no cuentan con una geomembrana de protección, lo que podría permitir la filtración de contaminantes hacia las napas subterráneas, afectando potencialmente la salud de las personas, el agua potable y el ecosistema local.
Colina en la mira: las dudas sobre Las Tórtolas
El material sería trasladado mediante un ducto hasta el relave Las Tórtolas en Colina, que ya tiene ocupada el 45% de su capacidad. La propuesta fue presentada al SEA mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la cual ha sido criticada por no incluir la DSR, un estándar internacional requerido para proyectos de este tipo, según señala El Ciudadano.
Desde el movimiento MODATIMA, su vocero nacional Cristóbal Rodríguez comentó: “Este proyecto evidencia que no hay minería sostenible cuando se ignoran riesgos evidentes y se presenta el traslado de millones de toneladas de desechos contaminantes como algo inocuo”.
La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Lo Barnechea, Margarita Carrasco, también expresó su inquietud: “Es fundamental evaluar los riesgos reales antes de permitir esta remoción. La salud ambiental y la seguridad de nuestras comunidades están en juego”.
Un historial de conflictos: glaciar La Paloma y túnel sin evaluación
La desconfianza hacia las acciones de Anglo American no es algo nuevo. El proyecto ha sido criticado por sus efectos en el glaciar La Paloma y por la construcción del túnel Los Sulfatos, que se realizó entre 2008 y 2011 sin contar con una evaluación ambiental, a pesar de que cumplía con las condiciones de obligatoriedad legal.
Expertos como la geóloga Verónica Oliveros, académica de la Universidad de Concepción, han cuestionado la objetividad de los informes elaborados por SERNAGEOMIN, ya que fueron elaborados por empresas históricamente vinculadas a la minera.
Un llamado a la evaluación independiente
Las comunidades exigen que se incluyan criterios técnicos imparciales y científicos para evaluar los efectos del traslado masivo de residuos. La exigencia principal es clara: incluir la Revisión Independiente de Seguridad de Presas (DSR) en el proceso de evaluación ambiental, como una garantía mínima para proteger la salud pública y los ecosistemas de la zona.
Con Información de www.chicureohoy.cl
