A lo largo de estos 15 años de evaluación por parte de la OCDE, Chile no solo ha aprendido el lenguaje de las economías avanzadas, sino que su integración ha puesto de manifiesto desafíos estructurales. Celebramos logros como la mejora en el gobierno corporativo y la reducción de la pobreza al 6,5%. Sin embargo, esa alegría se atenúa ante la obstinada realidad de una productividad estancada. La revisión del organismo revela que cumplir con un “checklist” no garantiza un desarrollo sostenido. Si bien Chile ha incorporado métricas, la reciente evaluación pone de relieve una dicotomía entre el potencial económico no aprovechado y las reformas pospuestas.
La productividad, un indicador esquivo pero fundamental, continúa siendo nuestra mayor debilidad. Una formación bruta de capital proyectada en un 4,6% para 2025 indica que la inversión privada no encuentra el impulso necesario. Atribuir esto únicamente a factores externos sería una simplificación. Es crucial examinar barreras internas, como la complejidad regulatoria que desalienta la inversión y la incertidumbre que socava la confianza. La solución no radica simplemente en aumentar el gasto público, sino en crear un entorno favorable para la inversión productiva.
La OCDE subraya la necesidad de un “espacio fiscal”, pero alcanzarlo requiere un enfoque sofisticado. Incrementar la carga tributaria, especialmente sobre las empresas, podría resultar contraproducente, frenando la inversión. La prioridad debe ser la eficiencia del gasto público, asegurando que cada peso se traduzca en valor tangible. ¿De qué sirve aumentar la recaudación si se pierde en una gestión ineficiente? La reforma debe centrarse en optimizar recursos y combatir con rigor la elusión y evasión fiscales.
La desigualdad persistente, evidenciada por un índice de Gini de 0.444, limita nuestras capacidades económicas. Aquí surge un tema menos visible en los informes tradicionales: la informalidad laboral, que precariza las vidas de muchas personas, erosiona la base tributaria y restringe el capital humano. Combatirla requiere incentivos para la formalización, simplificación de trámites y políticas activas de empleo. Además, una fuerza laboral con déficit en competencias digitales y una brecha salarial de género representa otra disparidad entre la capacidad y los resultados obtenidos.
La inversión en I+D es otro aspecto en el que Chile se distancia del promedio de la OCDE. La transición hacia una economía verde representa una oportunidad, pero es fundamental integrar los riesgos climáticos en la planificación fiscal. Esto no solo implica incrementar el gasto en I+D, sino también fortalecer la colaboración entre academia y empresa, fomentar el emprendimiento tecnológico y establecer un marco regulatorio que incentive la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, los resultados en la prueba PISA, que están por debajo de los promedios de la OCDE, son una clara señal de alerta sobre la calidad de nuestro futuro capital humano, que está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para innovar y competir a nivel global.
La membresía en la OCDE ha sido un ejercicio de autocrítica. La próxima década requiere avanzar de “buenas prácticas” a reformas estratégicas adaptadas a nuestra realidad, enfocándose en la eficiencia del Estado y la inversión inteligente en capital humano. No se trata de seguir un recetario único, sino de realizar un diagnóstico preciso que permita construir una estrategia nacional capaz de desbloquear el potencial no aprovechado. El desafío es convertir esos “checklist” en una hoja de ruta personalizada, atendiendo a las particularidades de nuestra situación, transformando recomendaciones en políticas públicas efectivas y construyendo una economía más resiliente, inclusiva y competitiva.
Leonardo Rivas
Académico Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma
Con Información de www.elrancaguino.cl
