Por Cristian Álvarez
Este jueves, y tras un avance inesperado y casi sin ruido en su tramitación, parlamentarios de distintos sectores políticos comentaron un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para quienes filtren datos de procesos judiciales que tienen algún secreto establecido por los jueces. Tanto legisladores del oficialismo como de la oposición se manifestaron en contra de sancionar a los periodistas que publiquen esos datos filtrados, ya que eso atenta contra su labor. La Federación de Medios también rechazó esta iniciativa.
Era un proyecto más que estaba pasando piola, pero recién esta semana se empezó a tomar en serio la gravedad que podría tener si avanza, ya que no se trata de castigar a quienes difunden el mensaje, sino al mensajero que provoca esta acción. Pero igualmente, el riesgo está y puede vulnerar su legítimo derecho a informarse. Este jueves, tras el avance de su tramitación el lunes, hubo varias reacciones políticas en torno al proyecto que busca aumentar las sanciones para quienes filtren datos de procesos judiciales en curso o prohibidos para informar.
Partamos por la oposición. Algunos parlamentarios expresaron su preocupación por esta iniciativa promovida por algunos legisladores del sector. Desde la UDI, el diputado Henry Leal comentó que esta propuesta representa una limitación a la libertad de expresión y al trabajo periodístico: “No estoy de acuerdo con que por vía legal se restrinja la libertad de expresión de los periodistas. Ya es un delito difundir investigaciones privadas y querer reforzar esto aumentando las penas, me parece una exageración. La libertad de expresión ha sido clave, permitiendo descubrir irregularidades. La prensa ha cumplido un rol fundamental últimamente, así que no me parece correcto tener una ‘Ley Mordaza’ que impida que el periodismo haga su trabajo.” Por su parte, la senadora de RN, Paulina Núñez, una de las autoras del proyecto, defendió la propuesta señalando que busca reforzar las protecciones a los procesos, pero también se opondrá a iniciativas que limiten la labor de la prensa: “Es evidente que vamos a avanzar en un proyecto que fortalezca la investigación de los delitos y que, por supuesto, refuerce la labor del Ministerio Público. La sanción a quienes filtren información a mitad de la investigación debe ser contundente, ya que esas filtraciones afectan el buen desarrollo de la misma. Al mismo tiempo, soy una firme defensora de la democracia y creo que el rol de la prensa en democracia es vital.”
Desde el oficialismo también hubo preocupaciones. Por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, consideró que esta propuesta es un igualamiento innecesario de lo que ya existe: “No entiendo mucho cuál es la intención de los senadores, comparto su preocupación sobre las filtraciones y cómo éstas impactan el proceso judicial. Creo que lo que hay que hacer es revisar los sumarios de la Fiscalía Nacional y que el fiscal responda por posibles filtraciones antes de que la carpeta se comparta con los intervinientes. Esta legislación que se propone me parece una duplicación innecesaria, salvo en lo que respecta a las penas.” El presidente del PPD, Jaime Quintana, mencionó que estará atento al proyecto para no aprobar aspectos que perjudiquen la libertad de prensa: “Hay que ser cuidadosos con no sobrepasar límites establecidos. La libertad de prensa es uno de esos límites que hemos defendido siempre, así que miraremos este proyecto con atención.”
Desde las asociaciones de medios, la Federación Nacional de Medios de Comunicación, rechazó este proyecto legal, argumentando que criminaliza la labor de los periodistas: “Criminalizar el trabajo de los periodistas que cumplen con su deber de informar no solo es un retroceso democrático, sino que envía un mensaje intimidatorio que afecta el rol fiscalizador de los medios y su labor informativa. En una democracia sólida, el periodismo no debería ser perseguido ni limitado por medidas legales que puedan abrir la puerta a la censura o al autocontrol forzado.” Así lo señalaron desde este organismo que agrupa a las asociaciones de televisión (ANATEL), radio (ARCHI) y prensa escrita y digital (ANP). El Colegio de Periodistas también expresó su preocupación por esta iniciativa legal que continuará su tramitación parlamentaria.
Con Información de radioportales.cl
