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La Municipalidad de Lautaro ha sido objeto de una grave denuncia por un presunto caso de espionaje político, tras la difusión de un video grabado sin consentimiento por cámaras de seguridad municipal. El alcalde, Ricardo Jaramillo, ha rechazado las acusaciones de espionaje, aunque varios funcionarios y exfuncionarios han señalado que el director de Seguridad, Daniel Moraga, pudo haber compartido información confidencial con el alcalde.
La Municipalidad de Lautaro, situada en la Región de La Araucanía, ha comenzado un sumario administrativo para esclarecer la responsabilidad en la grabación y difusión del video. Sin embargo, algunos empleados han expresado su preocupación por posibles represalias, alegando que numerosos despidos en la municipalidad fueron consecuencia de conversaciones escuchadas y reportadas al alcalde Jaramillo por el director Moraga.
De acuerdo con testimonios de fuentes cercanas al caso, hay testigos dispuestos a declarar que el alcalde Jaramillo solicitó que se instalaran cámaras de seguridad capaces de grabar audio, aunque esto fue bloqueado por el director jurídico de la municipalidad, Raúl Henríquez, debido a la ilegalidad de tal procedimiento.
Los funcionarios de las asociaciones han comentado que el alcalde mostraba un interés particular por identificar a quienes aún respaldaban al exalcalde Raúl Schifferli, condenado por abuso sexual, como parte de una posible persecución política, un fenómeno que podría explicar los más de 50 despidos ocurridos.
Las víctimas de la grabación no consensuada presentaron una denuncia a los concejales hace más de tres meses, pero no recibieron atención hasta que Luis Báez llevó el caso ante el Ministerio Público por la exposición no autorizada de su imagen y la violación de los derechos de funcionarios y usuarios.
Se anticipa que en los próximos días el Cuerpo de Concejales llevará a cabo su deber de fiscalización y presentará una denuncia ante la Contraloría para investigar un posible notable abandono de deberes por parte del alcalde Ricardo Jaramillo.
Este caso evoca el escándalo de espionaje en la Municipalidad de Independencia, que resultó en la destitución del administrador. La similitud entre ambos incidentes es alarmante y ha preocupado a la comunidad sobre la protección de los derechos de los funcionarios y la transparencia en la gestión pública.
La investigación interna y la denuncia ante la Fiscalía deben aclarar las responsabilidades en este caso. Mientras tanto, los funcionarios y exfuncionarios esperan que se haga justicia.
Con Información de portalmetropolitano.cl
