El Gobierno impulsa una Ley Marco de Suelos para enfrentar la crisis ambiental, cuidar la biodiversidad y asegurar la sostenibilidad productiva del país
Chile está viviendo una crisis ambiental severa: ¡más del 60% del suelo está con algún grado de erosión! Esto pone en jaque la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática del país. En este contexto, el Gobierno presentó modificaciones al Proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), que busca reconocer el suelo como parte esencial de nuestro medioambiente y no sólo como un insumo productivo más.
La propuesta legislativa es clave en un escenario lleno de denuncias por contaminación y los efectos de los incendios forestales en la zona centro-sur. Casos como la demanda del Estado contra la minería en Puchuncaví por metales pesados han vuelto a poner el tema sobre la mesa, así como la histórica falta de información científica y de catastros actualizados, que dificultan la planificación territorial en forma eficiente y sostenible.
El centro de la iniciativa es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Este organismo será el encargado de coordinar a los distintos servicios públicos para que las medidas de protección y recuperación se implementen de manera efectiva.
Para José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental, este avance legislativo es una señal fundamental para el mundo técnico y ambiental. “Chile tiene pasivos ambientales históricos que necesitan ser gestionados con base en evidencia científica. La creación de un Catastro Nacional de Suelos, como propone la ley, permitirá identificar zonas vulnerables, funciones ecosistémicas y niveles de degradación, con información pública y accesible”, apunta.
A diferencia de normas anteriores, el proyecto tiene un enfoque de equidad territorial, con la propuesta de cinco comisiones macrozonales conformadas por gobernadores regionales, académicos y representantes de la sociedad civil, para que así se puedan ajustar las medidas de protección a las realidades locales y fortalecer la gobernanza ambiental.
Bellalta también resalta la robustez técnica de esta propuesta, que incluye lineamientos sobre cómo gestionar suelos con posible contaminación, dando así certeza jurídica y ambiental tanto a comunidades como a inversionistas. Además, se contempla la creación de un Instituto del Suelo en un plazo de cuatro años, una medida que podría hacer de Chile un referente regional en gobernanza ambiental y facilitar el acceso a financiamiento internacional verde.
Finalmente, el gran desafío de esta ley será conciliar los intereses de los sectores agrícola, forestal y ambiental, garantizando un desarrollo sostenible a largo plazo. Con la presentación de las indicaciones en enero de 2026, el Ejecutivo busca sincronizar los instrumentos de fomento productivo con la resiliencia climática, asegurando que el patrimonio del suelo se conserve y recupere en beneficio de las futuras generaciones.
Con Información de portalmetropolitano.cl
