Alcaldes han interpuesto querellas y demandan la devolución de recursos utilizados indebidamente en viajes con licencias médicas.
Entre estas acciones se incluyen la presentación de querellas penales y la exigencia de devolución de sumas malgastadas.
Entre los alcaldes que han interpuesto querellas se encuentran Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo). Solicitarán que la investigación se amplíe para evaluar el total del perjuicio causado al erario público.
En el caso de Independencia, los datos recopilados por el municipio entre 2023 y 2024 involucran a 59 funcionarios que realizaron 123 viajes internacionales mientras estaban con licencia médica.
“El tema de las licencias es muy serio, ya que detrás de cada licencia falsa hay una urgencia no atendida. Esto provoca que no se realicen operaciones, que se cancelen clases, y que madres no puedan salir a trabajar por falta de profesores. La irresponsabilidad de unos pocos tiene graves costos, incluso puede poner en riesgo vidas”, afirmó Iglesias.
La acción judicial también se dirigirá contra los médicos que emitieron licencias médicas sin justificación, permitiendo que personas supuestamente enfermas viajaran al extranjero.
“Existen responsabilidades compartidas. Si hubo médicos que facilitaron este engaño, también deberán rendir cuentas ante la justicia”, añadió Iglesias.
Sobre el caso de licencias médicas
El alcalde Palacios destacó que “es urgente revisar la normativa actual, establecer sanciones adecuadas, implementar controles y fortalecer la gestión administrativa para salvaguardar los recursos públicos y asegurar la calidad del servicio. También es fundamental crear un marco regulatorio que permita la destitución inmediata de funcionarios ante ciertas faltas, evitando así procesos que solo sobrecargan a otros funcionarios y perjudican el servicio a los vecinos”.
En la misma línea, la alcaldesa de San Miguel enfatizó que “cualquier situación detectada será tratada con seriedad y compromiso, garantizando siempre la transparencia y la responsabilidad en la aplicación de los recursos públicos. Nuestra prioridad es actuar con integridad y fomentar la confianza en la administración local”.
El marco legal avala esta acción: el DFL N°1 del Ministerio de Salud sanciona la obtención fraudulenta de beneficios previsionales de Fonasa (art. 168) y de otras entidades previsionales (art. 174).
El Código Penal también establece penas para quienes cometan fraudes al Estado en los artículos 202 inciso final, 193, 467 y 470 N°8.
Con Información de portalmetropolitano.cl
