NACIONAL.- La Contraloría General de la República le mandó a todas las instituciones públicas que implementen sistemas electrónicos para controlar la asistencia de los funcionarios. Esta medida afecta a todos los órganos del Estado, incluyendo ministerios, subsecretarías, seremis, municipalidades y servicios descentralizados.
El oficio señala que la tecnología actual “ofrece herramientas que superan las limitaciones de los registros manuales de asistencia, ya que brindan un nivel de certeza y confiabilidad que esos registros no tienen, por lo que aparecen como opciones adecuadas para registrar -en tiempo real- los ingresos y salidas”.
En esta línea, la Contraloría concluye que los libros de asistencia y otros registros en papel “no son mecanismos de control adecuados, eficaces ni aceptables hoy en día ante el deber de justificar el uso correcto de los fondos públicos relacionados con la asistencia del personal”. Así que, encabezada por Dorothy Pérez, la entidad ordenó que las instituciones públicas “deben usar algunas de las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad”.
Esto incluye tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos (como huellas dactilares o reconocimiento facial), software en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados de naturaleza similar. Estos mecanismos deben proporcionar “la confiabilidad necesaria para el control que deben llevar a cabo los jefes de servicios y entidades, según la función, el lugar de trabajo y la actividad del personal involucrado”.
La implementación de estos sistemas tecnológicos debe informarse en un plazo de 20 días hábiles a la Contraloría a través de la Ventanilla Única del sistema SIAD (Sistema de Inspección de Acciones Derivadas).
Las entidades públicas que no cuenten con estos sistemas tendrán que enviar un cronograma de implementación que no podrá extenderse más allá del primer semestre de 2026, a menos que haya justificaciones válidas por falta de presupuesto. Además, se considerarán casos excepcionales para el control de funcionarios.
Se podrá aplicar un sistema distinto dentro del mismo organismo para ciertos funcionarios, pero nunca basándose únicamente en la jerarquía del cargo, para no vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
Con Información de delh.cl
