Por María José Escudero, Directora de Incidencia y Desarrollo Fundación Ronda
En una sociedad que busca la inclusión, es alarmante que todavía se pongan en duda los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La situación que vive la concejala de Osorno, Natali Guissen, ilustra claramente cómo las barreras arquitectónicas y las actitudes negativas contribuyen a la exclusión sociolaboral de estas personas.
El recurso de protección que ha presentado la concejala tiene como objetivo asegurar condiciones mínimas de accesibilidad que le permitan desempeñar su labor con igualdad de oportunidades. Aunque el municipio ha prometido tomar medidas, estas aún no se han ejecutado con la urgencia que la situación exige, lo que evidencia una falta de compromiso con la Ley 20.422, el decreto supremo 50, y, aún más, con los principios de justicia e igualdad.
Es incomprensible que, en 2025, sigamos debatiendo si las personas con discapacidad tienen el derecho de participar plenamente en la vida política y social. En este caso particular, las mismas autoridades que deberían ofrecer soluciones insinúan que el problema radica en el tipo de silla de ruedas que utiliza, ignorando que, de acuerdo a lo estipulado por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile ratificó en 2008, el problema no es la persona con discapacidad, sino el entorno que crea barreras de acceso. Cada día que pasa sin una solución efectiva es un día en el que se vulneran los derechos de una autoridad electa democráticamente y de las personas que representa.
Este problema va más allá de lo individual. Este caso revela cómo las instituciones públicas, que deberían ser modelos de inclusión, siguen fallando en garantizar derechos fundamentales. Más allá de los trámites y contratos, lo que está en juego es el mensaje que como sociedad transmitimos: ¿es aceptable que el ejercicio de los derechos dependa de procesos administrativos e incluso de la falta de voluntad?
En Fundación Ronda, hemos brindado apoyo técnico y profesional para acelerar una solución que respete los derechos de la concejala y de todas las personas con discapacidad. Este asunto no solo se refiere a la accesibilidad física, sino también a la dignidad, la equidad y la justicia.
Es hora de actuar con determinación y convertir estas barreras en oportunidades para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Debemos dejar de lado el enfoque en la discapacidad de la actual concejala y empezar a reconocer sus competencias, valores, profesionalismo y todas las razones que la llevaron a ser elegida por la ciudadanía, así como el trabajo que desea realizar en la comuna de Osorno, el cual, lamentablemente, aún no puede llevar a cabo como corresponde, al igual que los otros concejales y concejalas electos.
La publicación Accesibilidad: Un derecho, no una concesión apareció primero en Osorno en la Red.
Con Información de osornoenlared.cl
