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Por Cristian Alvarez
Este miércoles, el Gobierno, cumpliendo con lo prometido antes de la Cuenta Pública Presidencial, anunció el envío de un proyecto para legalizar el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, manteniendo la objeción de conciencia como derecho para los médicos. La Ministra de la Mujer solicitó un debate “respetuoso” sobre el tema, en el que tanto el oficialismo como la oposición reafirmaron sus posturas. Desde 2017, más de 6 mil interrupciones de embarazos por motivos terapéuticos se han llevado a cabo.
Contra viento y marea, a pesar de la oposición de muchos, el Gobierno realizó este anuncio como un gesto simbólico justo antes de la fecha autopropuesta. Lo que queda por ver es cómo será recibido este proyecto, cerrando así un capítulo de promesas y abriendo otro con este nuevo anuncio. Este martes, tras el anuncio de la semana anterior, el Gobierno formalizó su esperado envío del proyecto legal para su discusión en el Parlamento.
Esta mañana, en una presentación cuidadosa pero sencilla en el Palacio de Gobierno, los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Jaime Gajardo (Justicia), Ximena Aguilera (Salud) y Antonia Orellana (Mujer) comunicaron el envío del proyecto que permitirá interrumpir un embarazo no deseado hasta las 14 semanas de gestación, manteniendo también la facultad de objeción de conciencia para los médicos. Esta propuesta se inspira en modelos europeos implementados en países como España y Alemania y será discutida en la Cámara de Diputados. La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó: “Sea cual sea la edad, utilizando métodos antiguos o los más modernos, queremos que las mujeres no sean tratadas como criminales ni perseguidas penalmente por buscar atención. El Gobierno de Chile quiere abrir la salud pública para estas situaciones, ya que las razones para interrumpir un embarazo son diversas y no todas se ajustan a las tres causales. Nadie se embaraza con la intención de abortar”.
Las reacciones políticas han sido numerosas, tanto a favor como en contra de esta propuesta. Desde el oficialismo, la diputada Gael Yeomans respaldó la iniciativa, señalando que ayudará a combatir los abortos clandestinos: “Esta es una buena noticia. Los abortos clandestinos son una realidad en nuestro país, y se estima que son alrededor de 150,000 al año, lo que aumenta las desigualdades. Hay mujeres que, aunque tengan acceso a recursos, no arriesgan su salud al abortar de forma segura, mientras que aquellas en condiciones económicas difíciles ponen en riesgo sus vidas. Por eso, debemos avanzar en la legislación”. Por otro lado, desde la oposición, la senadora de «Demócratas» Ximena Rincón expresó su preocupación, cuestionando la efectividad del anuncio: “Este es un tema que debe ser tratado por el Ejecutivo. Aunque lo anunciaron antes de la Cuenta Pública pasada, no se materializó nada en un año. Parece que se pone en la agenda algo que no resuena en el público. Es esencial legislar sobre temas como el acceso a Sala Cuna Universal, que es una demanda necesaria para padres y madres. No tengo inconveniente con legislar en este ámbito, pero no se debería usar este tipo de anuncios con cada discurso de Cuenta Pública Presidencial, me gustaría ver acciones concretas del Ejecutivo”.
Las organizaciones feministas, como la “Coordinadora 8M”, aún no han emitido sus opiniones sobre este proyecto. Desde su implementación en 2017, se ha reportado un total de 6,249 casos de mujeres y niñas que han buscado interrumpir su embarazo bajo la Ley de Interrupción Voluntaria en sus tres causales, de las cuales el 85% eligió interrumpir y el 15% decidió continuar con el embarazo.
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Con Información de radioportales.cl
