El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó la aprobación del proyecto de ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial (N°17251-14). Este nuevo marco legal establece plazos de 18 a 24 meses para la elaboración de planes reguladores y la definición de densidades mínimas en áreas estratégicas con acceso a transporte y servicios, entre otras medidas.
En un avance significativo para el desarrollo urbano del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de manera unánime el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial (N°17251-14). Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, comenzó su tramitación en noviembre de 2024 y permitirá que los planes reguladores se realicen en plazos adecuados, respondiendo oportunamente a las necesidades de cada territorio.
La nueva normativa introduce reformas en la gestión urbana, incluyendo la reducción de los plazos para la elaboración de planes reguladores a un intervalo de 18 a 24 meses. Esta agilidad facilitará la actualización de instrumentos de planificación obsoletos, que actualmente obstaculizan la inversión y la construcción de viviendas. Además, el proyecto establece reglas claras para todos los actores involucrados en el sector, mejorando la rendición de cuentas de las autoridades y promoviendo una gestión transparente y eficiente.
«El sistema de planificación chileno necesita numerosas modificaciones. Se han aprobado mecanismos, instrumentos y procedimientos que optimizan los procesos, logrando resultados más rápidos y planes que se alineen con la realidad. Al mismo tiempo, se mantienen orientaciones fundamentales para construir ciudades más equilibradas y justas. Esto nos da más capacidad para influir en los procesos urbanos, lo cual representa un paso importante», afirmó el ministro Carlos Montes tras la votación.
El nuevo marco legal proporcionará mayor certeza para el desarrollo urbano, estableciendo además densidades mínimas en áreas estratégicas con acceso a transporte y servicios. El objetivo principal es evitar el crecimiento segregado en la periferia y garantizar que las familias residan en entornos conectados y de calidad.
Asimismo, la ley amplía las herramientas de gestión urbana, consolidando la colaboración entre Serviu y entidades públicas o privadas para abordar el déficit habitacional del país a través de proyectos a gran escala, habilitación normativa o planes de remodelación.
La futura ley también incluirá programas de capacitación obligatorios para concejales y consejeros regionales. Al fortalecer las capacidades técnicas en los territorios y asegurar una actualización constante de los planes, el Estado garantizará que el derecho a una mejor calidad de vida se base en una planificación urbana moderna y segura para todos los ciudadanos.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
