Este miércoles, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) admitió el fracaso de la Comisión Técnica creada para encontrar una solución que evite el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde residen más de 10 mil personas en 215 hectáreas.
La cartera informó que, tras 17 sesiones, el proceso no alcanzó los resultados esperados, principalmente debido a discrepancias en la tasación de los terrenos y la inflexible postura de los propietarios, quienes han elevado el valor estimado por el ministerio hasta tres veces más.
En este contexto, la amenaza de un desalojo judicial –ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y confirmado por la Corte Suprema– renueva la incertidumbre para las 4.136 familias que habitan este megacampamento en el cerro Centinela, de las cuales un 30% son niños, niñas y adolescentes.
Desde la Secretaría de Estado aseguraron que, de todas formas, continuarán disponibles para facilitar la compra del terreno a través de cooperativas de vivienda. Hicieron un llamado a los propietarios a reconocer el trabajo realizado y considerar un acuerdo que evite una crisis humanitaria en la comuna.
La megatoma de San Antonio comenzó a formarse en octubre de 2019, durante el estallido social, y actualmente abarca 215 hectáreas. Según un catastro del Minvu de 2024, 10.251 personas residen en el asentamiento, distribuidas en 4.136 hogares. De esa población, 3.146 son niños, niñas y adolescentes (30%); 923 son adultos mayores (9%); y 649 presentan algún tipo de discapacidad (6.3%). Además, el 65% de los censados pertenece al 40% de menores ingresos en el Registro Social de Hogares.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras acoger un recurso de protección por parte de los dueños del terreno en el cerro Centinela, ordenó el desalojo del inmueble, decisión ratificada posteriormente por la Corte Suprema.
Para prevenir un desalojo de estas características, que podría derivar en una crisis humanitaria, Minvu se comprometió a construir una solución, donde las familias del campamento, organizadas en cooperativas de vivienda, serían las compradoras del terreno. Una vez regularizada la tenencia del suelo, el Estado, particularmente el Minvu, se implicaría en las necesarias acciones para urbanizar el sector, beneficiando a las familias y a la comuna de San Antonio dentro de su marco habitual de programas habitacionales.
El 24 de febrero de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los propietarios del terreno firmaron un protocolo de acuerdo, estableciendo una Comisión Técnica para informar sobre el precio, condiciones y garantías para una posible venta. Esta comisión se formó el 22 de abril y se reunió en 17 ocasiones, levantando actas de cada sesión. Minvu subrayó que desde el inicio se establecieron reglas de funcionamiento y un pacto de confidencialidad, los cuales fueron respetados.
El Minvu aclaró que la Comisión Técnica «no era una mesa de negociación”, sino que tenía la función de comunicar a las partes el acuerdo técnico alcanzado de buena fe sobre las posibles condiciones de venta del terreno. Esto se debe a que los organismos de la Administración del Estado están sujetos al principio de juridicidad y no a la autonomía de la voluntad que prevalece en el derecho privado.
Sin embargo, tras 17 sesiones, el ministerio dirigido por Carlos Montes reconoció que los resultados no fueron los esperados. Los principales obstáculos surgieron de las diferencias en la tasación del terreno y las posturas adversarias de los representantes de los propietarios, quienes han tratado esta operación como ‘una compraventa más’.
La cartera añadió que «los propietarios tienen completo derecho a decidir su participación en la compraventa de los terrenos, conforme al principio de libertad de contratación, pero una verdadera disposición para llegar a un acuerdo requiere evaluar las circunstancias específicas de este caso».
Respecto a la discrepancia en la tasación, afirmaron que «el valor propuesto por los propietarios se basa en informes no validados técnicamente por el Minvu, lo que lo convierte en un valor no financiable y poco sostenible para las familias».
De hecho, remarcaban que el valor ofrecido por los propietarios del terreno es tres veces mayor que el valor de la tasación encargada por el Minvu, lo que bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. «Nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para facilitar un acuerdo sobre este punto, pero fueron rechazadas sin que se presentaran otras opciones o propuestas, impidiendo así avanzar hacia un valor consensuado», argumentaron desde la cartera.
ACUSAN «FALTA DE INFORMACIÓN»
La contraparte, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., comunicó que este 3 de septiembre «hemos dado por concluida nuestra participación en la mesa técnica, tras haber agotado el plazo de seis meses establecido para alcanzar acuerdos, así como su extensión hasta hoy, acordada el 27 de agosto».
La empresa que representa a los propietarios explicó que la decisión se tomó considerando que «no hay información fidedigna sobre quiénes serían los compradores, no existen condiciones para la compra en un solo acto, y no se han presentado antecedentes sobre la fuente de financiamiento ni la garantía financiera para esta operación».
Además, la inmobiliaria afirmó que «hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, ajustándonos finalmente al valor propuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está muy por debajo del valor comercial, con el fin de alcanzar un acuerdo, pero no hemos recibido respuestas sobre los demás aspectos necesarios para una venta de terreno.»
La empresa también confirmó el principal temor de los pobladores: «En los próximos días se solicitará el cumplimiento definitivo de la orden judicial de desalojo», lamentando «una vez más, el abandono estatal, ya que hemos intentado durante seis años –por diversos medios– recuperar nuestro terreno o, al menos, llegar a un acuerdo que permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado».
MINVU PIDE DESTRABAR NUDOS
A pesar de este revés, desde el Minvu recordaron las acciones realizadas durante el proceso, incluyendo el compromiso de factibilizar mecanismos de financiamiento y articular entidades públicas y privadas para ello. Se solicitó a Banco Estado definiciones para desarrollar una propuesta de financiamiento mediante crédito y se llevaron a cabo reuniones periódicas.
También destacaron que se trabajó para establecer las bases de un modelo y marco institucional que, cumpliendo con la legalidad y respaldo requeridos en plazos ajustados, facilitara la venta de los terrenos a las familias organizadas en cooperativas cerradas de vivienda.
Además, resaltaron que el trabajo junto a las familias y los órganos de la administración involucrados ha permitido lograr «progresos significativos», habiéndose formalizado el 90% de las familias en cooperativas de vivienda.
Sin embargo, a pesar de todo lo realizado, desde la Secretaría de Estado afirmaron que se mantienen «disponibles para seguir trabajando en la compra de los terrenos» y hicieron un llamado a los propietarios a «reconocer el trabajo realizado y colaborar para resolver los problemas que impidieron avanzar en los acuerdos».
Con el quiebre definitivo del proceso, el futuro del campamento más grande del país se encuentra en una situación crítica. Mientras el Minvu asegura que aún existen alternativas para evitar un desalojo masivo, la inmobiliaria anticipa la solicitud de cumplimiento de la orden judicial. En medio de esta tensión, más de 10 mil personas sienten la presión de un posible operativo, lo que podría desencadenar una emergencia humanitaria sin precedentes.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
La entrada Megatoma de San Antonio y la sombra de la crisis humanitaria: propietarios se niegan a ceder y 10,000 personas están al borde del desalojo. se publicó primero en Mi Chile Lindo.
